El Consejo de Administración de Telefónica estudiará mañana el nuevo contrato con el Estado
El texto del nuevo contrato del Estado y la Telefónica será sometido mañana miércoles a la consideración del consejo de administración de la compañía, según fuentes de la Administración. Dicho texto, que ya ha sido aprobado por la Comisión delegada de Asuntos Económicos y que ha recibido el informe favorable del Consejo de Estado, sustituirá al contrato vigente que se firmó en 1946. Una vez que el consejo de administración de Telefónica lo examine y apruebe será también analizado y aprobado de forma inmediata por el Consejo de Ministros.Entre las principales novedades que se incluyen en el nuevo contrato destacan que frente al anterior pierde su carácter de ley y por lo tanto lo aprueba el Consejo de Ministros. Su duración será de 30 años, aunque se contempla la posibilidad de modificar de forma pactada su contenido antes de este plazo.
Una vez que se haya aprobado en el Parlamento la modificación de la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) la compañía telefónica tendrá únicamente el monopolio de la telefonía básica. Hasta entonces los servicios concedidos a Telefónica desde la firma del contrato serán, además del teléfono urbano, interurbano e internacional, los de telefonía móvil automática, teléfono movil marítimo, radiotelegráfico, telefax, vídeotex y teletex. Por otra parte será prestado en régimen de competencia el Servicio de Conmutación de Datos por Paquetes (IBERPAC).
Entre las obligaciones de Telefónica figuran la extensión del servicio a zonas rurales y, por ello, todas las poblaciones de más de 10 habitantes deberán contar al menos con un teléfono de uso público en el plazo de cinco años. También se extenderá el abono urbano a las poblaciones de más de 50 habitantes y desaparecerá el concepto de extrarradio (demandas de teléfono en las que el local del abonado se encuentra fuera de la zona urbana, como chalés, caseríos, etcétera).
En el nuevo contrato se concede especial importancia a los llamados "parámetros de calidad", revisables cada cuatro años de acuerdo con el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que también está a punto de ser aprobado por el Gobierno. Para elaborar los índices de calidad se deberán tener en cuenta los conceptos de atención a la demanda de nuevas líneas, averías, reclamaciones, llamadas infructuosas y tarificación incorrecta.
El nuevo contrato recoge, como el actual, la figura del delegado del gobierno, que continúa teniendo derecho de veto. Por otra parte el Estado garantiza a Telefónica un régimen tarifario acorde con el equilibrio financiero de la concesión.
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