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EL CASO "JUAN GUERRA"

Un ex militante socialista se hará cargo de la instrucción del 'caso Guerra'

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) asumió ayer la instrucción de los sumarios en que es investigado Juan Guerra a causa de la implicación de tres diputados socialistas en el Parlamento regional -Leocadio Marín, Tomás Azorín y Guillermo Gutiérrez Crespo-. Las actividades de Juan Guerra como mediador de la empresa Comasa para obtener terrenos municipales en Sevilla serán investigadas por el juez Juan José Ruiz-Rico López-Lendínez, un granadino de 43 años que militó en el PSOE entre 1981 y 1989. Ruiz-Rico abandonó el partido tras ser elegido magistrado del TSJAa propuesta del Grupo Socialista. La causa sobre el presunto uso de un despacho oficial para negacios privados será instruida por José Cano Barrera, de 62 años, uno de los fundadores de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Ruiz-Rico, miembro de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, con sede en Granada, ingresó en el PSOE a los pocos días del golpe de Estado de 1981 y pidió la baja como militante en mayo de 1989, cuando fue designado magistrado del alto tribunal andaluz a propuesta socialista.Cuando se insinuó por primera vez la posibilidad de que instruyese las diligencias del caso Guerra, comentó en privado su disposición a aceptar cualquier asunto para demostrar su independencia por encima de sus simpatías ideológicas. El magistrado agregó que jamás renunciaría a instruir diligencias en las que estuvieran implicados responsables políticos de su antiguo partido o de cualquier otro.

Según fuentes del PP, Ruiz-Rico fue miembro del Consejo de Administración de Canal Sur a propuesta socialista. Otras fuentes, por el contrario, aseguran que su cargo fue de miembro del consejo asesor de RTVE en Andalucía.

Ruiz-Rico procede de una familia vinculada a la magistratura y ha sido catedrático de Derecho Político. Durante su etapa universitaria fue designado vicerrector de Extensión Cultural, dentro de la candidatura socialista encabezada por José Vida Soria, ex diputado del PSOE.

El magistrado que investigará el presunto uso ¡legítimo del despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía por parte de Juan Guerra, José Cano Barrera, casado y con ocho hijos, es uno de los jueces más reputados en Granada por sus conocimientos jurídicos. Sus compañeros le reconocen una gran preparación jurídica, mientras que sus detractores lo consideran "muy conservador".

Antes de ser designado miembro de la sala de lo Civil y lo Penal, fue presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Granada. Como miembro de la sala de lo Civil, archivó la denuncia presentada por el secretario andaluz del PSOE, Carlos Sanjuán, contra el alcalde de Jerez, el andalucista Pedro Pacheco.

La sala de lo Civil y lo Penal del TSJA asumió ayer la competencia de la instrucción por medio de dos autos, uno sobre las actividades presumiblemente ¡legales de Juan Guerra en su despacho de la Delegación del Gobierno y el otro por su actuación como intermediario de Comasa. El tribunal pide al titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Ángel Márquez, hasta ahora instructor de la causa, que le remita todas sus actuaciones.

La decisión de la sala se fundamenta en la posible implicación en las irregularidades descubiertas de Leocadio Marín, Tomás Azorín y Guillermo Gutiérrez Crespo, quienes cuentan con fuero especial al ser diputados en el Parlamento andaluz. Los dos primeros fueron delegados del Gobierno en Andalucía cuando Juan Guerra ocupaba un despacho oficial en la sede de la Delegación en Sevilla. Los autos no prejuzgan la actuación de ninguno de los parlamentarios.

Cinco meses para decidir

El TSJA ha tardado más de cinco meses en definir su competencia, al haber operado con extrema cautela en las actuaciones practicadas hasta el momento en aras de garantizar la pureza procesal y evitar retrasos en la instrucción, informa Rafael López.

La sala ha rechazado por el momento el criterio de la fiscalía del TSJA, que dirige Luis Portero, de reclamar también todos los sumarios abiertos en diferentes juzgados que estén relacionados con las actividades de Juan Guerra. Fuentes judiciales indicaron que esta decisión puede ser modificada a tenor de las diligencias que se practiquen ahora.

Poco después de conocer extraoficialmente la noticia, el juez Ángel Márquez, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, afirmó que la decisión tomada por el tribunal andaluz "es la resolución más lógica". El magistrado añadió que el caso ha sido instruido como un todo, ya que se ha considerado desde el principio "que todos los temas son conexos", aunque admitió la posibilidad de que las distintas ramas del sumario puedan tramitarse por separado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de octubre de 1991

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