Laberinto judicial

"Aún falta un año para que se acabe". Tras 19 meses de diligencias, la respuesta es desalentadora. Pero ni el juez, ni policías, fiscales o abogados, incluso ni los periodistas, desesperan, a pesar de que tras más de dos años de proceso nadie ha sido procesado por usar un despacho oficial con fines presuntamente irregulares. Todos se confiesan dispuestos a desenredar, "hasta donde se pueda", el complejo laberinto de negocios y empresas urdido por Juan Guerra. Casi dos años después de que saltase el escándalo, el sumario sólo está concluido en dos asuntos, asumidos ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que instruirá la imputación de tres políticos aforados. Quedan cerca de una decena de asuntos.

Las actividades de Juan Guerra en el despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla y una concesión irregular de terrenos a Construcción Modular, una de las sociedades anónimas del holding Guerra, están ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En ellas aparecen como presuntos imputados dos ex delegados del Gobierno y un ex concejal de Sevilla, además del actual delegado gubernamental en Andalucía.El despacho es sin duda la clave para comprender cómo pudo Juan Guerra crear, en sólo seis años, ese inacabable crucigrama de empresas con las que se le vincula y que parece imposible descifrarlo, a tenor de los resultados. Es tan difícil como tipificar penalmente esa conducta. Sin duda es por ello que el juez Márquez nunca ha querido separarlo del resto de las ramificaciones y lo considera justamente el epicentro.

La decisíón del tribunal andaluz de asumir la competencia sobre esos dos asuntos llevó ayer a pensar en círculos judiciales de Sevilla que este tribunal puede plantearse ahora ampliar su conocimíento al resto del sumario.

El resto del caso, una decena más de negocios oscuros, concesiones ventajosas y operaciones urbanísticas irregulares -al amparo del llamado tráfico de influencias- espera en los archivos del juez Ángel Márquez, que almacena ya más de 16.000 folios, entre documentos, declaraciones de testigos y diligencias diversas.

Entre otras medidas judiciales y un sinfín de recursos resueltos, ya han sido decretadas fianzas de responsabilidad civil -un total de 1.025 millones de pesetas-, sobre cuatro imputados: Juan Guerra y tres de sus socios, en libertad condicional y con los bienes embargados.

Además, sobre otros tres personajes del caso pesan fianzas penales por la denominada trama del juego. En las actuaciones han declarado ya más de un centenar de testigos y sobre una treintena de personas pesan imputaciones.

Muy pocos son ya los que lograban seguir a diario las noticias generadas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cita habitual de media docena de periodistas desde hace dos años.

La conexión valenciana de las empresas de Juan Guerra; el juego y las tragaperras; las irregularidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS); los negocios con Ensidesa y las operaciones de la inmobiliaria HRT son las cinco grandes interrogantes que se mantienen abiertas en las diligencias previas 1.527/90 del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.