El Gobierno pretende cerrar emisoras por divulgar y 'publicar' conversaciones privadas

Madrid - 19 oct 1991 - 00:00CET

El Gobierno podrá cerrar emisoras de radio que divulguen, por ejemplo, conversaciones telefónicas u otro tipo de telecomunicaciones no destinadas al público en general, según se contempla en el proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones (LOT), al que ha tenido acceso este periódico. El proyecto de ley, probado en el Consejo de Ministros del pasado día 11, y que todavía no ha sido registrado en el Congreso de los Diputados, pretende adaptar la LOT al marco jurídico comunitario en materia de telecomunicaciones, según se especifica en el preámbulo.

Son consideradas infracciones muy graves en el artículo 33 del anteproyecto "la divulgación de contenidos o de la simple existencia, la publicación o cualquier otro uso, sin autorización, de toda clase de información obtenida mediante la interceptación, o recibida de forma involuntaria, de telecomunicaciones no destinadas al uso público en general".También se considera infracción muy grave en el mismo artículo "la interceptación sin autorización de telecomunicaciones no destinadas al uso público en general". Todas estas infracciones, calificadas en el anteproyecto como muy graves, serán sancionadas con multas de hasta diez millones de pesetas, y "podrán dar lugar a la revocación definitiva del título administrativo habilitante del servicio que preste el infractor. Asimismo podrá acordarse la suspensión provisional de las instalaciones por un plazo máximo de seis meses como medida del aseguramiento de la eficacia de la resolución definitiva que se adopte".

La nueva medida legislativa que pretende instaurar el Gobierno contrasta vivamente con el resto de los países europeos en cuyas legislaciones no se contemplan en absoluto medidas tales como el cierre de una emisora legal por divulgar determinados contenidos. Por el contrario, en estos países las leyes y las acciones administrativas se encaminan a proteger y a limpiar el espectro radioléctrico de interferencias o de emisiones piratas.

Derecho a la información

El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, responsable del proyecto de ley, dijo tras el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto que con esta ley en la mano y si se hubiera considerado falta muy grave se podría haber retirado la licencia a la emisora que emitió conversaciones telefónicas mantenidas desde su automóvil por el secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas. En los diálogos, emitidos por la SER, Benegas hacía comentarios internos sobre su partido y sus relaciones con Carlos Solchaga. Recientemente, un juez de Madrid archivó la querella presentada contra la SER por este motivo por entender que en la difusión de las conversaciones primaba el derecho a la información sobre el derecho a la privacidad de Benegas. Borrell comentó entonces que el derecho a la información no tiene nada que ver con la modificación de la LOT y señaló que el Gobierno se estaba limitando a transcribir a la ley española las obligaciones y sanciones previstas en los convenios internacionales firmados por España.

Las nuevas medidas que pretende establecer la LOT han sido, sin embargo, fuertemente contestadas en distintos medios de comunicación y criticadas por expertos juristas. La Asociación Española de Radiodifusión Privada (AERP) ha anunciado que recurrirá judicialmente en su momento para "dejar sin efecto el artículo 33 del anteproyecto de modificación de la LOT y todas las normas que limiten la libertad de expresión". La junta directiva de la AERP, que se reunió el pasado jueves, con la ausencia de representantes de Onda Cero, manifestó que la modificación de la LOT supondría otra conculcación de la Constitución, al asumir la Administración un ámbito que la Carta Magna reserva a los jueces".

La capacidad sancionadora de la Administración se amplía también a las interferencias producidas por "estaciones de radiodifusión que estén Instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio nacional para su recepción o posible recepción total o parcial en éste". Estas emisiones serán consideradas también como infracciones muy graves.

Liberalización

El proyecto de modificación de la LOT afecta a 15 artículos, una disposición adicional y cuatro disposiciones transitorias. Con la nueva ley se pretende, además de modificar y ampliar las sanciones en materia de difusión de telecomunicaciones privadas, liberalizar determinados servicios de telecomunicaciones, quebrar en parte el monopolio de la Telefónica, que ostentará sólo el monopolio del servicio telefónico básico, mientras que, por ejemplo, la telefonía móvil automática se liberalizará a partir del 31 de diciembre de 1993. Además de la telefonía básica quedará en monopolio del Estado el servicio de télex y telegramas, pero se liberalizará el resto de los servicios, como el telefax o burofax, el videoteléfono (cuando exista) y la transmisión de datos.

Una medida sin precedentes en Europa

Las medidas de cierre o suspensión de emisoras que pretende introducir la ley de modificación de la LOT no tienen precedentes en ninguno de los países en los que el sector audiovisual se encuentra más avanzado. En Francia, ninguna ley permite al Estado ordenar el cierre 0 la suspensión de una emisora de radio. Las sanciones que dicta el Consejo de lo Audiovisual suelen estar relacionadas con problemas técnicos o con emisoras piratas sin licencias y no con el contenido de la programación. El contenido de los programas se rige por el código de deontología profesional. Un particular que se sienta difamado puede poner una denuncia, y ésta se resuelve dentro del Código Penal. En ningún caso el Estado francés puede emprender una acción administrativa.

El Gobierno alemán tampoco tiene competencias ni atribuciones sobre la radiodifusión, tanto pública como privada. Sólo los länder (Estados federados o regiones) tienen autoridad en la materia, pero sólo a través de sus respectivos Parlamentos. La radiodifusión privada está controlada a través del Instituto de Radiotelevisión, que concede las licencias y vigila y controla las emisiones. A su autoridad se someten la sociedades concesionarias. La retirada del permiso para emitir es objeto de un proceso judicial.

El Gobierno británico no tiene potestad de sanción sobre los medios de comunicación, aunque ha advertido que si la empresa no arbitra medidas de autocontrol lo hará el Gobierno. La Administración actual ha prohibido que dirigentes del Ejército Republicano Irlandés (IRA) hablen por radio o televisión. La BBC solventa esta prohibición poniendo sus palabras en subtítulos. Cuando un ministro se siente calumniado en los medios, su recurso es el de cualquier ciudadano, es decir, presentar a título personal, no como ministro, una demanda por libelo.

Las leyes italianas prevén multas e incluso la suspensión profesional del director de la emisora de radio o de televisión que emita conversaciones privadas, pero no contempla la posibilidad de perseguir a la emisora como organismo n 1 mucho menos el cerrarla. La emisión de conversaciones sólo puede perseguirse por la vía penal. En Italia, la suspensión a una emisora por hacer públicas, por ejemplo, conversaciones privadas era una medida que existía bajo el fascismo, pero hoy es impensable.

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