Entrada en el domicilio
El proyecto de ley tal y como ha sido remitido al Congreso prevé, en su artículo 21, la entrada de las Fuerzas de Seguridad en aquellos domicilios en los que se sospecha que se vende droga. La mera sospecha de que se esté cometiendo un delito relacionado con el tráfico de drogas ya legitima a las fuerzas de seguridad del Estado para la entrada en la vivienda.Aunque en la última redacción del citado precepto se menciona que los agentes sólo podrán entrar en domicilios particulares cuando lo permitan la Constitución y las leyes, las distintas fuerzas políticas de la oposición y los sindicatos consideran que se conculca la inviolabilidad del domicilio, reducto de intimidad protegido en la Carta Magna, y entienden que significa, de hecho, la implantación de un estado de excepción permanente.
Multas ejecutivas
Las sanciones previstas en la ley de Seguridad Ciudadana abarcan un amplio baremo que llega hasta los 100 millones de pesetas de multa, cantidad que sólo puede ser impuesta por el Consejo de Ministros y prevista para sucesos que provoquen gran alarma entre la población. Sanciones inferiores pueden ser decididas por el delegado del Gobierno, el secretario de Estado y el ministro del Interior. Sin embargo, la particularidad de este tipo de sanciones es que son ejecutivas, en contra de lo dispuesto en la ley de procedimiento administrativo. Los ciudadanos tendrán que pagar antes y después recurrir, ya que se presume su culpabilidad. La policía no tendrá que demostrar la veracidad de sus informes, base de la sanción, sino que los ciudadanos tendrán que demostrar su inocencia.
El DNI, siempre encima
La ley obliga a todos los ciudadanos a llevar consigo el DNI, y el no llevarlo acarrea una sanción máxima de 50.000 pesetas. Con ser polémico este aspecto, el artículo 20 faculta a la policía a "instar" a los ciudadanos acompañarles a la comisaría para verificar la identidad.La oposición ha criticado este precepto por entender que se intenta introducir de forma solapada la figura de la retención prohibida por el Constitucional, que falló que entre. la libertad y la detención no hay ninguna figura jurídica. La ley obliga también a la colaboración de los ciudadanos con la policía. Esto puede suponer, por ejemplo, que un agente puede requerir a un particular a que le preste su vehículo para perseguir a un delincuente y el ciudadano estará obligado a prestárselo.
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