LA 'LEY CORCUERA' Y LA LUCHA ANTIDROGA

Sindicatos y oposición arreciaron sus críticas hacia el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana cuyo debate se inicia hoy en el Congreso. La norma, según los sindicatos, conlleva un concepto de orden público en el que se recortan derechos y libertades de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos. La polémica ha acompañado a esta ley que desde mucho antes de su remisión al Consejo de Ministros y al Parlamento suscitó múltiples críticas de todos los sectores de la sociedad. El ministro del Interior ha condicionado la eficacia de la lucha contra la droga a la aprobación de la ley en los términos en los que ha sido presentada."El problema del tráfico de droga es tan complejo que yo no sé que medidas legales se pueden aplicar eficazmente contra él", dijo ayer en Valencia el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, informa Efe. El presidente del alto tribunal precisó sin embargo, que "el problema de la ley de Seguridad Ciudadana es hacer textos legales que sean eficaces y .acordes con la Constitución".

La llamada ley Corcuera ha sido tachada de inconstitucional desde sectores judiciales, políticos y sindicales, por facultar a la policía la entrada en los domicilios cuando presuma que en ellos se trafique con droga, o por conducir a comisaría a los ciudadanos indocumentados (ver informaciones en la parte inferior).

Sin embargo, estos aspectos tan conocidos, con ser muy graves, afectan a menor número de ciudadanos que los preceptos de la ley destinados a restablecer la seguridad ciudadana y el orden público. En este capítulo se regulan las sanciones por consumo público de droga, que suponen multas a los toxicómanos -o ingreso en un centro de rehabilitación de aprobarse una enmienda socialista en ese sentido- y cierre y sanciones económicas para aquellos locales en los que se consuma droga.

También está previsto en este apartado el respaldo jurídico que legitima a la policía para suspender o disolver manifestaciones por el simple hecho de que se haya incumplido alguno de los requisitos. También se prevén sanciones para los organizadores de las concentraciones, que como todas las previstas en la ley tienen carácter ejecutivo, esto es, que hay que pagarla primero para poder presentar recurso contra la sanción.

Los sindicatos han mostrado su preocupación por diversos aspectos del proyecto al que consideran una ley antihuelga encubierta. Así se sanciona la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones sin comunicarlas con la antelación debida, sin adoptar las medidas de seguridad previstas o fuera de la fecha, lugar, duración o itinerario fijados, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores.