Un poco de transparencia

La reacción exasperada de los funcionarios gubernamentales responde a un documento breve y esquemático acerca de la situación penitenciaria en siete países signatarios del acta final de la CSCE, recientemente presentado en Moscú en uno de los foros paralelos a la Conferencia de Seguridad en Europa. En ese documento destacamos que España y Turquía fueron los únicos países europeos que nos negaron el acceso a sus cárceles. Funcionarios del Ministerio de Justicia expresaron su enfado, lanzando una serie de alegaciones absurdas, llegando a decir que nosotros habríamos amenazado a los responsables de la administración penitenciaria con la publicación de un informe descalificador en el supuesto de que nos negaran el acceso a las cárceles (cuando en realidad lo que expresamos fue que la imposibilidad de una inspección in loco nos obligaría a apoyarnos en información indirecta); que habíamos dicho que las cárceles españolas eran iguales a las turcas (cuando sólo afirmamos que Turquía y España nos negaron el acceso); que habíamos descrito el sistema penitenciario español como tercermundista (afirmación que jamás hicimos); que al solicitar permiso para visitar las cárceles españolas todavía no habíamos hecho un informe sobre las cárceles estadounidenses (nuestro primer informe sobre las cárceles de EE UU fue publicado en 1980, precisamente en Madrid, durante la CSCE, y un segundo informe, fruto de un año de investigación, acaba de ser presentado en Moscú); etcétera. Además, nos enteramos con desasosiego de que la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios decidió vengarse de nuestra visita con la magistrada que nos permitió acompañarla a visitar una cárcel.La mayoría de los Gobiernos han llegado a aceptar la noción de que la protección de los derechos humanos requiere una práctica gubernamental transparente y, por tanto, sujeta a la observación de organismos independientes y no gubernamentales. Obviamente, hay excepciones, tales como China, Arabia Saudí o Corea del Norte, pero jamás anticipábamos una reacción similar por parte de la España democrática. Desafortunadamente, nos equivocamos.

En su respuesta negativa, el secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, justificó su rechazo, entre otras razones, "por el agravio que suponen las denegaciones de autorización que on anterioridad se han efectuado a organizaciones de otros países". Posteriormente, durante una entrevista, el defensor del pueblo, Álvaro Gil Robles, nos manifestó que la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios estaba fastidiada porque recientemente se llevaban a cabo demasiadas inspecciones por parte de organismos internacionales. En una entrevista subsiguiente, el señor Asunción nos expresó, con aparente olvido de lo expuesto en su carta, que su negativa se debía a nuestro "desconocimiento de la realidad española" y porque nuestra metodología de trabajo no le parecía seria ni objetiva.

Elogios internacionales

El secretario general no nos señaló en forma específica cuáles eran aquellos aspectos de nuestro trabajo que encontraba carentes de rigor (trabajo que, cabe destacar, ha sido elogiado por ex reclusos como Vaclav Havel, Fang Lizhi y Jacobo Timmerman); sin embargo, en el curso de nuestra conversación mencionó que su secretaría ha adoptado la política de "no dar informaciones a nadie y de ningún tipo, ya que cualquier información que se brinde será tergiversada para servir a los intereses propios de quien la solicita". Por tanto, parece que la calidad de nuestra metodología de trabajo no desempeñó un papel preponderante en la negativa.Aunque el control independiente es importante en todo el campo de los derechos humanos, lo es de vital importancia en un régimen cerrado por naturaleza, tal como el sistema penitenciario. Las visitas de inspección realizadas por organismos independientes no sólo contribuyen a que la opinión pública se sensibilice por los problemas del mundo de las prisiones, sino que además, hasta cierto punto, pueden contribuir a mejorar las condiciones penitenciarias. La posibilidad de abusos disminuye en aquellas cárceles donde la administración cuenta con la eventualidad de una visita imprevista. Aun cuando las visitas sean preanunciadas, la proverbial pintura fresca en las paredes suele permanecer por más tiempo que la duración de la visita. Los países de Europa central, cuyas carencias en el ámbito penitenciario son notorias, han autorizado numerosas visitas de organizaciones no gubernamentales a sus cárceles, a pesar de que aún no tienen mucho que exhibir con orgullo. En Madrid pudimos visitar una prisión (en Cataluña fuimos autorizados a visitar las cárceles que quisiéramos ver, excepto La Modelo), debido a que la juez de vigilancia penitenciaria Manuela Carmena nos autorizó a acompañarla en una de sus visitas rutinarias a Carabanchel. Quedamos impresionados muy favorablemente con la institución del juzgado de vigilancia penitenciara, un mecanismo de control potencialmente eficaz para proteger el respeto de la dignidad humana en un recinto sumamente vulnerable a su desconocimiento. De allí nuestra preocupación al enterarnos de que el Consejo General del Poder Judicial, a petición de Asuntos Penitenciarios, pudiera considerar una sanción disciplinaria contra la juez Carmena.

Todavía existen muchos Gobiernos que intentan impedir la vigilancia de sus acciones en el campo de los derechos humanos, persiguiendo a quienes realizan dicha tarea. En Europa, con la caída del régimen comunista , el número de países que lo siguen haciendo disminuyó mucho. Resulta irónico que sea mucho más fácil observar las condiciones carcelarias en Checoslovaquia, Polonia y la Unión Soviética que en España. Quizá un poquito de glasnost no le vendría mal al sistema penitenciario español.