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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El 'informe Abril'

UNA ESPECIE de mal de ojo parece haber gafado el informe sobre la reforma de la sanidad pública elaborado por la comisión de expertos coordinada por el ex vicepresidente Fernando Abril Martorell. Víctima de todas las demagogias (las de algunos sindicatos que amenazaban con paros y huelgas ¡ante la mera existencía del informe!; las de ciertos partidos, como el PP, que lo descalificaron íntegramente desde la ignorancia más supina; las del poder, que se ha metido en el agujero y mira para otro lado como si no fuese el Gobierno el más interesado en un estudio con soluciones), el informe Abril tiene la verosimilitud de estar escrito sin interferencias, como si sus autores fuesen libres y pudieran hacer con la sanidad española lo mejor que estiman. Y se ha topado con la, dura realidad y un espectáculo vergonzoso.Antes de discutirse en el Congreso de Diputados, instancia que aprobó su realización y que es, por tanto, su principal destinatario, todos le han dado la espalda. Ni siquiera es seguro ahora que un debate parlamentario digno de tal nombre se produzca y que, si tiene lugar, sirva ya para algo. Y, sin embargo, merece mejor suerte un valioso material de trabajo que, al margen de que se esté o no de acuerdo con todas sus conclusiones, constituye una radiografía de la verdadera situación de la sanidad pública española realizada por.expertos y tras un exhaustivo trabajo.

La forma en que se dieron a conocer a la opinión pública los resultados del informe en julio pasado no pudo ser más desafortunada. Abril Martorell la calificó de Iamentable y catastrófica". Una apreciación que también comparten los portavoces del PP, de IU y del PSOE. Un informe que aborda cuestiones tan trascendentales para la población corno la mejor gestión, organización y financiación de la sanidad pública (un entramado que engulle más de tres billones de pesetas al año) no puede quedar poco menos que secuestrado en un despacho oficial por la falta de valentía de los responsables políticos ante lo descarnado de algunos de los remedios que propone.

Ocultar el informe y, consecuentemente, coartar la posibilidad de un debate sereno en la sociedad sobre sus efectos no implica superar los problemas que señala. Simplemente los aplaza. Son cuestiones impopulares, ciertamente, pero la honestidad de quienes conocen los problemas y la responsabilidad de quienes tienen la obligación de administrar los medios públicos para cubrir los objetivos de bienestar de sus ciudadanos deben prevalecer sobre la rentabilidad electoral inmediata. La sanidad pública plantea tal cúmulo de problemas y rémoras en el contexto socíoeconómico español que no enfrentarse seriamente a ellos es dilatar y empeorar sus perspectivas.

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Sería lamentable, en todo caso, que no se profundizase más en el análisis del informe y todo el mundo -responsables públicos, colectivos profesionales y sociedad- se diera por satisfecho con el debate superficial que se ha producido hasta la fecha. La sanidad pública es un problema que no admite demoras.

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