El Gobierno frena la reforma del sistema nacional de salud por temor a la crispación social

El Gobierno ha pospuesto temporalmente la reforma de] sistema nacional de salud anunciada en 1990, según se desprende de la comparecencia de¡ ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Valverde, ayer ante el Congreso. García Valverde reconoció en su intervención la "crispación social" provocada por el informe elaborado para esa reforma (Informe Abril) y descartó medidas como el tique moderador y 91 pago de medicinas por los pensionistas, eludiendo pronunciarse sobre la viabilidad del cambio del régimen jurídico del Insalud. Esta propuesta, defendida por el ministro en la reunión del Gabinete del pasado día 13, fue "frenada" por sus compañeros de Gobierno, según un alto cargo del departamento.

La larga intervención del ministro -más de una hora- acusó el rechazo a esa propuesta, limitándose García Valverde a presentar como realidades inmediatas proyectos ya anunciados por sus antecesores: programa Salud para todos en el año 20001 campana sobre uso racional del medicamento y, sobre todo, mejora de la atención primaria. Situó como piedra angular de esta mejora la libre elección de médico por parte del usuario de la Seguridad Social en el 43% del territorio, que aún gestiona directamente el Insalud (Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, Navarra y País Valenciano tienen transferidas las competencias en sanidad). El Gobierno no contempla para 1992 transferencias a otras autonomías, según el ministro.Esa medida, recogida en el programa electoral del PSOE de 1982 y en el artículo 14 de la Ley General de Sanidad, fue el único punto en el que García Valverde ofreció un plazo para su puesta en vigor: primer trimestre de 1992. Javier Elola, director general de Planificación Sanitaria, puntualizó que la libre elección de médico se podrá realizar sólo entre los facultativos adscritos a cada área de salud. Una ciudad como Madrid, por ejemplo, está dividida en 11 áreas.

Tarjeta individual

Para ello será preciso, además, que se generalice la sustitución de la actual cartilla de la Seguridad Social por la tarjeta individual con banda magnética. Esta medida sólo se encuentra en vigor actualmente en 14 provincias. Los menores de tres años y los mayores de 65 serán los primeros en disponer de la tarjeta individual, ya que son los dos colectivos que requieren mayor asistencia sanitaria.

García Valverde se mostró, especialmente cauto al abordar la introducción de elementos de gestión privada en los centros sanitarios públicos. En este capítulo, el ministro insistió especialmente en la necesidad de separar la financiación de la provisión y compra de los servicios. García Valverde rechazó, en respuesta a Ángeles Maestro, portavoz de IU, que esté prevista la reconversión del Insalud en una empresa pública aprovechando la Ley de Presupuestos, de modo similar a como se hizo el año pasado con Caja Postal. "No habrá nada en la Ley de Presupuestos que les pueda asustar", enfatizó.

Esa medida, incluida en el proyecto de reforma que presentó hace dos semanas en el Consejo de Ministros, ha chocado con los informes técnicos encargados por el anterior equipo ministerial y la oposición de los sindicatos. Éstos coinciden con los. primeros en las dificultades que existen para que el Estado enajene unos bienes que en gran parte no le pertenecen. "Los hospitales y centros de salud de la Seguridad Social se han levantado con cuotas de los trabajadores", afirma Pedro Díaz Chavero, de UGT. Tras la reforma del sistema de financiación realizado con García Vargas al frente de Sanidad, la presencia de esas cuotas disminuyó, pero aún un 30% del gasto procede de ellas.

En su encuentro con la prensa, el ministro matizó su tradicional defensa del modelo privado, refiriéndose a él como "una forma de gestión, pero no es la única ni exclusiva. Tiene, a mi parecer, una serie de ventajas, pero lo importante es que lleguemos a un consenso sobre cómo organizar el funcionamiento jurídico del sistema". El objetivo para el Insalud, dijo a la Cadena Ser, "es hacerlo más ágil y menos burocrático". "Que haya proyectos en marcha es muy distinto a que eso sea algo definitivo; las medidas necesitan tranquilidad y prudencia e incluso buscar algún mecanismo de prueba", concluyó.

El secretario General de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Vicente Garcés, opinó que la intervención supone un "fracaso rotundo de la reforma", informa Efe. Pedro Díaz, de UGT, criticó la apuesta por la concertación con la Sanidad privada para acabar con las listas de espera. Un portavoz del sindicato de ATS calificó de demagógico el discurso, y la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública recordó que algunas medidas ya anunciadas anteriormente no se llevaron a la práctica.