El juicio contra la trama portuguesa de los GAL no abordará su relación con los servicios secretos lusos

ENVIADO ESPECIAL, La relación entre los servicios de inteligencia militar portugueses (Dinfo) y los GAL no será investigada en el juicio que comenzó ayer en el tribunal de Monsanto, próximo a Lisboa, contra cinco mercenarios que presuntamente formaban la trama portuguesa de la organización anti-ETA. Por un lado, el primer ministro luso, Anibal Cavaco Silva, denegó a principios de este mes su autorización para que declararan en la vista el ex comandante Pedro Manuel Almeida Serradas Duarte y el teniente coronel Fernando Silva Ramos, jefes de la Dinfo, y por otro, la declaración por escrito de¡ jefe del Estado Mayor de¡ Ejército portugués, general José Lemos Ferreira, no ha aportado datos relevantes.

Los dos jefes de los servicios de información militar, que sí tuvieron que comparecer como testigos la primera vez que se celebró este juicio, en 1989, esgrimieron que esas relaciones eran un secreto de Estado y se negaron a declarar sobre ello.La investigación de esas relaciones era imprescindible, según el abogado defensor, José Sanches Ossorio, para demostrar que los mercenarios trabajaban para el Estado y para la policía española. "Hasta que no sentemos en el banquillo de los acusados a los responsables del Estado, no haremos nada", agregó.

En esa misma línea declaró ayer en la vista Antonio Wolfango Pereira de Macedo, el único de los cinco acusados que está en libertad, ya que Mario Correia da Cunha, que se encontraba fugado, fue detenido el lunes.

Macedo contó en detalle sus contactos con el francés Jean Philippe Labade, al que conoció en Vila Praia de Ancora, en el norte de Portugal. Labade le preguntó si conocía a alguien que pudiera hacer trabajos sucios para la policía española y, según relató Macedo, él le puso en contacto con Mario Correla, agente de la Dinfo. El mercenario explicó que a partir de ese momento los tratos los hicieron los policías españoles José Amedo y Michel Domínguez con Correia y con Labade, dejándole a él marginado.

Macedo, que en todo momento recalcó no tener conciencia de la ¡licitud de sus actos por pensar que colaboraba con la policía española, informó que fue Correia el que contrató en un gimnasio a los mercenarios Rogerio Carvalho da Silva, Antonio Ferreira Cisneros y Paulo Figueiredo Fontes que participaron en los asesinatos en el sur de Francia.

Previamente se había dado lectura a la acusación que pesa contra los mercenarios: seis crímenes de terrorismo con homicidio intentado -similar al asesinato frustrado en España-, para todos ellos excepto Ferreira, para el que sólo se piden cinco crímenes puesto que se negó a intervenir en el atentado contra Juan Ramón Basáñez en el bar La Consolation.

El tribunal, a petición de la fiscal Teresa Naia, acordó incorporar al proceso la sentencia que la pasada semana condenó a Amedo y Domínguez a 108 años y ocho meses de prisión. La sentencia se solicitará a la Audiencia Nacional y también se pedirá al tribunal de Pau (Francia) que remita la resolución por la que condenó a cadena perpetua (15 años de prisión efectiva) al mercenario Paulo Figueiredo Fontes, autor material de los dos atentados y que está preso en Francia. Este es el segundo juicio que se celebra contra los mercenarios Jean Philippe Labade, Rogerio Carvalho da Silva, Mario Correa da Cunha, Antonio Ferreira Cisneros y Antonio Wolfango Pereira de Macedo por los atentados contra los bares Batxoki y Consolation. En el primero, celebrado ante este mismo tribunal de Monsanto en 1989, los cinco mercenarlos fueron absueltos, pero la sentencia fue anulada por defecto de formaEl ascenso de Rangel

La intervención del magistrado ponente encargado de redactar la sentencia, Luis Rangel, fue decisiva para la absolución de los mercenarios. Este juez ascendió al poco tiempo a magistrado del Tribunal de Contribución e Impuestos. Rangel, sin embargo, no pudo impedir que el Tribunal Supremo revocase su sentencia utilizando como base el voto particular discrepante del presidente del tribunal, Ricardo Cardoso.

Este voto, considerado por juristas portugueses como técnicamente muy bueno, destacaba que la sentencia de Rangel no había respetado los hechos que habían sido declarados probados en el juicio celebrado en Viana do Castelo (Portugal) en 1987 contra los cinco mercenarios. En aquella ocasión el tribunal condenó a los procesados a penas que oscilaban entre tres y ocho años de cárcel por delito de asociación de malhechores para cometer atentados. Al ser la sentencia contradictoria con los hechos declarados probados ésta fue anulada.