Un alto cargo de Interior cree "hipócritas" las críticas a la ley de Seguridad ciudadana

El secretario general técnico del Ministerio del Interior, Víctor Moreno Catena, criticó ayer con dureza a los sectores políticos y jurídicos que se han opuesto al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, al que han calificado de inconstitucional y atentatorio para los derechos individuales. "Lo que subsiste ahí es una gran hipocresía", dijo Moreno, "ya que muchos de los aspectos que regula ahora la ley se vienen realizando desde hace tiempo sin que nadie los denuncie y es ahora, que se han llevado a un texto legal, cuando se escandalizan".

Víctor Moreno, quien participó en Sevilla en la apertura de un seminario sobre seguridad ciudadana organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, insistió en que la población "no tiene que alarmarse" por la entrada en vigor de la nueva ley, "que ni es anticonstitucional ni vulnera los derechos individuales". El secretario general .técnico quiso tranquilizar a los ciudadanos sobre la posibilidad de abusos por parte de los funcionarios de policía: "La policía de 1991 no tiene parangón a la de 1978".El alto cargo de Interior reveló que un 84% de los españoles "tiene asumido y estima conveniente" la obligatoriedad de exhibir el Documento Nacional de Identidad en la vía pública cuando un policía así lo requiera, uno de los aspectos del proyecto de ley que ha generado más polémica. "Este porcentaje de ciudadanos", agregó, "estima conveniente que la policía, de un modo riguroso cuando la situación lo requiera, pueda pedirle que se ique, siempre que esta petición no se haga de modo arbitrario".

Moreno no quiso concretar el origen exacto de estos datos estadísticos: "Hay muchos estudios al respecto y muchas empresas que se dedican a hacerlos". El alto cargo de Interior apuntó la posibilidad de que el titular de este departamento, José Luis Corcuera, facilite próximamente más información al respecto. Moreno negó, no obstante, que el ministerio haya encargado una encuesta para conocer el grado de aceptación popular del proyecto de ley.

El secretario general hizo una encendida defensa de la obligatoriedad de la identificación con el argumento de que este trámite "resulta imprescindible para que el Estado ejerza su facultad sancionadora sabiendo a quién sanciona, y la preventiva". "Cuando, se pide a alguien la documentación no es para detenerle; al individuo a detener se le detiene sin perdirle el carné, bien porque se le conoce o porque se le sorprende en delito flagrante", concluyó.