Patria querida

ASTURIAS VIVIRÁ un otoño duro. Los sindicatos han convocado un día de huelga general en octubre, que estará precedido por otro en la minería, sector con el que más se identifica al Principado por su fuerte dependencia de la explotación del carbón a través de la empresa Hulleras del Norte (Hunosa) y Minas de Figaredo. La convocatoria se debe a las medidas de reestructuración en esa empresa minera, en la siderúrgica Ensidesa y en Santa Bárbara, que tiene dos plantas en la región. Las cuatro, además, pertenecen al Estado a través del Instituto Nacional de Industria (INI).Hunosa, y en menor medida las otras empresas, se ha convertido en el gato a quien nadie se atreve a poner un cascabel. Ningún político ignora su falta de futuro, pero tampoco el peso social de las fuerzas que se oponen a su desmantelamiento. Así es como las pérdidas han ido en aumento hasta superar actualmente los 60.000 millones de pesetas anuales. Desde su constitución, hace 24 años, Hunosa ha costado al erario público -a los contribuyentes- 980.000 millones de pesetas.

La novedad es que Bruselas ha. tomado cartas en el asunto, planteando la necesidad de, reducir las ayudas a pérdidas de explotación a empresas con contrato-programa, fórmula utilizada por el Estado para enchufar el déficit de esa empresa a sus presupuestos generales. El INI ha elaborado un informe según el cual Hunosa debe reducir su personal en un tercio (unas 5.900 personas) en dos años. El estudio plantea asimismo el cierre de algunos pozos. La aplicación de este plan requiere una inversión de cerca de 250.000 millones de pesetas.

El proyecto ha sido rechazado de pleno por todas las fuerzas sociales y políticas de la región -incluida la Iglesia- Pero esa unanimidad en el rechazo no ha sido seguida por atisbo alguno de alternativa realista, pese a que los técnicos consideran que el planteamiento del INI se queda corto. Naturalmente, las consideraciones técnicas no son las únicas a ser tenidas en cuenta, pero parece evidente que la actitud del avestruz -tan disciplinadamente mantenida por todo el mundo desde hace por lo menos una década- no ayuda a encontrar esas alternativas que conjuguen el inevitable criterio económico con los sociales, que también han de ser considerados. Hunosa genera el 9,3% del empleo regional y el 30% de las rentas personales de siete municipios mineros asturianos. Más los efectos indirectos en unas cuencas -Nalón y Caudal- con más de 200.000 habitantes. Tampoco puede ignorarse que Asturias ha sido una de las regiones más castigadas por la reconversión en los años ochenta.

El problema reside en la creación de empleos sustitutivos. Asturias es una de las zonas mejor situadas para captar nuevas actividades. El INI es optimista en ese sentido, y la Administración ha apostado por Asturias para un proyecto de la envergadura del de Dupont, con inversiones superiores a, los 109.000 millones de pesetas y que dará empleo a mil trabajadores. Hay otros proyectos en marcha, pero a la vista de las inversiones precisas cabe preguntar si las enormes cantidades destinadas a tapar las pérdidas de las empresas subsidiadas no hubieran tenido mejor destino de haberse destinado, desde hace 10 o 12 años y con arreglo a un plan racional de inversiones, a la sustitución paulatina de esos empleos sin perspectivas por otros en sectores con futuro.

Si no se hizo no fue porque a nadir se le ocurriera, sino porque las fuerzas sociales, y en primer lugar las centrales sindicales, que en ninguna otra región española cuentan con una influencia social tan determinante, no quisieron ni oír hablar de ello.