Italia reabre el caso de las conexiones Mafia-políticos

El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) de Italia ha abierto una investigación para establecer si en los cajones de los jueces sicilianos se esconden pruebas no utilizadas de conexiones entre la Mafia y políticos. La investigación, ordenada por el presidente de la República, Francesco Cossiga, que responde a una denuncia pública del ex alcalde palermitano y actual líder del movimiento La Rete, Leoluca Orlando, se desarrolla en un clima crispado por el asesinato, el pasado 29 de agosto, del industrial palermitano Libero Grassi.

Grassi, de 76 años, propietario de la empresa Sigma, una fabrica de ropa interior de caballero con más de 100 empleados, era un símbolo de la resistencia a la delincuencia desde que, el 10 de enero de este año, anunció en una carta dirigida a Il Giornale di Sicilia, que se negaba a pagar el pizzo, el canon de protección fraudulenta que la Mafia logra cobrar a 9 de cada 10 comerciantes italianos, según los últimos datos de la patronal del sector, la Confesercenti.La actitud heroica de Libero Grassi mereció reacciones ambiguas en su ámbito local y un apoyo decidido en el plano nacional, sobre todo de la federación de comerciantes, pero fue inútil. Un sicario le abatió en plena calle de un pistoletazo, pocos días antes de que se cumpliera el noveno aniversario del asesinato del general Dalla Chiesa.

La muerte del empresario ha roto el periodo de paz que ha vivido Palermo desde el maxiproceso y ha desatado la consternación y los enfrentamientos entre sectores sociales e institucionales habituales en estos casos. El ministro del Interior, Vincenzo Scotti, se ha declarado impotente para controlar a los casi 100.000 mafiosos que viven en libertad supuestamente limitada, y ha presentado un plan de reforma de la lucha antimafia, con la advertencia de que dimitirá si no logra resultados en seis meses.

Leoluca Orlando, por su parte, ha reiterado su denuncia ya conocida de que los jueces sicilianos no investigan como debieran a políticos concretos. El propio Giovarim Falcone, instructor del maxiproceso y hoy director general en el Ministerio de Justicia, ha considerado oportuno declarar que él nunca tuvo pruebas concretas contra políticos como Salvo Lima, el hombre de confianza de Andreotti en Palermo, sino sólo denuncias vagas de mafiosos arrepentidos. Y el presidente de la República, Cossiga, dijo abiertamente que ordenaba la investigación del CSM no porque desconfiara de los jueces, sino para demostrar que las acusaciones de Orlando son falsas y hacer que se le procese por desacato.

El último en saltar a la palestra ha sido Francesco Taurisano, un juez de Trapani, en Sicilia, que se declara perseguido, el cual ha revelado las denuncias bien concretas que le ha hecho el mafioso Rosario Spatola contra el ministro democristiano Calogero Mannino, el diputado regional democristiano Francesco Canino, el diputado nacional socialista Giuseppe Reina, el senador también socialista Pietro Pizzo y el ex ministro y diputado republicano Aristides Gunella, expulsado de su partido tras aparecer implicado en la compra de votos. Todos ellos son cosa nostra, según el arrepentido Spatola.