Dilema para Hassan

AYER SE cumplió la fecha fijada por el secretario general de las Naciones Unidas para la entrada en vigor del alto el fuego entre el Ejército de Marruecos y el del Frente Polisario. Se trata del paso previo al inicio de la última fase del proceso de autodeterminación del Sáhara, que debe culminar con el referéndum previsto para enero próximo. A mediados de agosto, sin embargo, la declaración del rey Hassan rechazando cualquier referéndum que no fuera "de confirmación de la marroquinidad del Sáhara" hizo temer una interrupción del proceso. Esas sospechas aumentaron cuando el Gobierno de Rabat, escudándose en motivos fútiles, lanzó una ofensiva contra tropas polisarias y poblaciones civiles controladas por el Frente Polisario. El objetivo era claramente provocador. Una respuesta por parte de los saharauis hubiera, tal vez, obligado a la ONU a mediar en busca de un nuevo alto el fuego, fijar otro calendario y, en fin, suspender o aplazar la fase final del proceso previsto.En realidad, Hassan tiene un dilema difícil de resolver: respetar escrupulosamente la legalidad internacional y exponerse a la posibilidad de la pérdida del Sáhara o impedir ésta a costa de su respetabilidad. Todo indica que hará lo posible por retrasar la decisión, pero que si llega el momento en que intuya que puede perder la consulta, impedirá que se celebre. Una urgente gira del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Filali, por las capitales de los países miembros del Consejo de Seguridad para volver a insistir sobre los puntos de vista de Rabat ha tenido escaso éxito, especialmente en Londres y Washington. La respuesta casi unánime de sus homólogos ha sido que Marruecos debe respetar la voluntad de la ONU y dejar de una vez de obstaculizar los planes del secretario general, Pérez de Cuéllar.

A partir de ahora, si se mantiene el alto el fuego, podrá procederse al despliegue completo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), el cuerpo de 2.800 observadores -los cascos azules- que vigilará el cumplimiento del plan de la ONU. Ello encierra para Rabat el riesgo de que un retraso indefinido de la consulta prolongará también la presencia de esa misión, dando la impresión de que es la ONU la que por fin está al mando de la administración colonial (y no un Marruecos que desde 1976 pretende haber anexionado definitivamente ese territorio).

Dos son los problemas principales con que se enfrenta ahora la ONU. Por una parte, el acantonamiento de las tropas marroquíes y saharauis: 65.000 soldados marroquíes y entre 5.000 y 6.000 saharauis (es interesante que Rabat empezara exigiendo el acantonamiento de 65.000 soldados polisarios, prácticamente la totalidad de los saharauis censados en 1974). Mientras esto no ocurra, el riesgo de incidentes seguirá siendo grande. Por otra, la confección del censo, utilizando como base el que realizara la Administración española en 1974 y que integran poco más de 70.000 votantes. La nueva lista debería haberse hecho pública el 9 de agosto pasado para permitir así reclamaciones y reajustes. Marruecos, responsable de su confección, no ha querido sacarla a la luz hasta haber incluido en ella nada menos que a 120.000 personas residentes de zonas fronterizas y trasvasadas a territorio marroquí con mucha anterioridad al planteamiento de la cuestión saharaui. Como era de esperar, la oposición polisaria a esta pretensión es absoluta.

Con el alto el fuego se ha dado un paso adelante, pero el camino por recorrer es mucho. Es lamentable que el endurecimiento de las posiciones respectivas -la de unos porque olfatean una inesperada victoria, la de otros porque temen la derrota- haga por el momento imposible una verdadera solución basada en la negociación y la búsqueda de consensos viables.