Condenan a 16 años de cárcel a los dueños de dos geriátricos por estafar a los ancianos

Eduardo Correa Jiménez y Francisca Morales Pérez, matrimonio propietario de dos residencias geriátricas en Barcelona, fueron condenados ayer a una pena de 16 años de cárcel cada uno por los continuos robos y estafas cometidos entre 1984 y 1986 a ocho ancianos que residían en sus centros. María del Milagro Rubio, titular del Juzgado de lo Penal número 17 de Barcelona, ha impuesto a cada uno penas de 6 anos de prisión por un delito continuado de robo con fuerza, de otros 6 por falsedad en documento mercantil y de cuatro por un delito de estafa con abuso de firma en blanco. También deberán indemnizar a 7.700.000 pesetas y devolverles las joyas que les habían sustraído.La juez considera probado en su sentencia que Correa y Morales aprovecharon las deFiciencias físicas y psíquicas propias de la senilidad que aquejaba a los ancianos para apropiarse de 10 millones de pesetas, diversas joyas y otros objetos de valor. Para ello, "los convencían, cuando no les sustraían, para que les hicieran entrega de sus documentos de identidad y libretas de ahorro que poseían con el pretexto de facilitarles las extracciones de dinero que permitían atender al pago mensual de su internado". También convencían a los ancianos para que firmaran cheques en blanco y se apropiaban de las llaves de sus domicilios particulares, apoderándose en ellos de joyas y otros objetos de valor.

La juez señala que no procede acordar el cierre de las residencias El Palacete y Residencia Particular, pertenecientes a Correa y Morales, solicitado por las acusaciones particulares. Esta es una medida, según la sentencia, "de naturaleza estrictamente administrativa y es a las autoridades de este ámbito a quienes les compete". "No obstante", añade, "a la vista de lo actuado en este procedimiento, la juez considera un deber la remisión de testimonio de esta resolución al consejero de Bienestar Social y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Los condenados, según la sentencia, explotaban las residencias sin autorización administrativa.