El INI pide más dinero al Estado para capitalizar las empresas y reorganizar el sector público

El presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Javier Salas, solicitará al Gobierno una ayuda extra del Estado para acometer su segregación en dos grupos, el que agrupe a las empresas rentables y el que reúna a las que no se pueden valer por sí solas. El nuevo esquema del INI se contemplará previsiblemente en la Ley de Presupuestos para 1992, según manifestó el secretario de Estado de Industria, Álvaro Espina. Por su parte, el director de la Fundación Empres Pública, Julio Segura, solicitó que las empresas públicas puedan quebrar.

Javier Salas aprovechó la apertura del curso El reto de la empresa pública industrial organizado por la Universidad Complutense de Madrid para dibujar los rasgos básicos del futuro INI. El programa del primer ejecutivo del Instituto contempla cambios tanto operativos como estrategicos. El eje de esta renovación consiste en segragar el holding público en dos grupos. El primero agruparía a las empresas rentables o con posibilidades de llegar a serlo y quedarían clesvinculadas, a partír de su constitución, de las ayudas oficiales. El segundo grupo lo compondrían las empresas en dificultades, es decir todas las empresas sujetas a contratos-programa -en especial las dedicadas a la minería subterránea- , algunas de Defensa, las de construcción naval y las siderúrgicas. No obstante, Salas matizó que "tanto las empresas de construcción naval como las siderúrgicas estarán en este grupo de forma transitoria".El grupo privilegiado, al que Salas bautizó como "núcleo de oportunidad," se articulará en una cabecera formada por el conjunto de participaciones del Instituto en el capital de las empresas seleccionadas. Sin embargo, el paso previo para la creación de esta cabecera consistiría, según el presidente del INI, "en dotar con una estructura de capital razonable a las empresas que constituyen el núcleo de oportunidad".

En cuanto a la fórmula a emplear para capitalizar esta parte del proyecto, Salas reconoció que deberían acudir a los Presupuesto Generales del Estado, al margen de proyectos alternativos como ampliaciones de capital o salidas a Bolsa. Esperamos recibir alguna aportación del Estado para afrontar este proyecto. Otra cosa es la cuantía de la ayuda. Al Estado cualquier cifra le parecerá muy alta y a nosotros muy baja. Además ahora no puedo cuantificarla, puesto que depende de lo ambiciosos que seamos nosotros capitalizando nuestras empresas", matizó.

El proyecto inicial era que el Estado debería aportar al INI el año próximo 50.000 millones de pesetas, cifra que podría rebasar los 100.000 millones con el proyecto de reestructuración.

El presidente del INI no concretó la fecha en la que podría llevarse a cabo la segregación, y la dejó en un vago "entre 1991 y l992". Sin embargo, el secretario de Estado de Industria, Álvaro Espina, fue más explícito. Espina manifestó que la división del INI "se hará previsiblemente en la Ley de Presupuestos para 1992". Recalcó que "la inversión de capital público en la industria es legítima, siempre que no se realice mediante prácticas que deformen la competencia".

Quiebras

Por su parte, el director de la Fundación Empresa Pública y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Julio Segura, recalcó que una de las medidas para hacer competitiva la empresa pública es "aceptar que puedan quebrar".

Segura sostiene que cuando una empresa pública está dentro de las condiciones prescritas por la ley para la quiebra, "se inicia un complejo y caro proceso que conduce a que la empresa siga acumulando pérdidas, de las que al final siempre tiene que hacerse cargo el Presupuesto". Además, el catedrático defiende que "la posibilidad efectiva de quiebra disciplinaría a todos los agentes implicados en el funcionamiento de la empresa pública".

Otras de las soluciones propuestas por Segura es la de eliminar "las trabas extraordinarias a las empresas públicas" para que funcionen como las privadas. Segura se mostró partidario de diseñar una política industrial, algo que, a su juicio, no se puede dejar en manos del mercado.