Guante de seda

LA SEDA de Barcelona cumple ya un mes largo en crisis, sin que los accionistas, la dirección y la banca acreedora hayan alcanzado ningún acuerdo satisfactorio. Entretanto, las administraciones públicas tratan el problema con guante de seda y lo observan desde el tendido: más distante el Ministerio de Industria, más próximo el Gobierno de ' la Generalitat.El titular de Industria, Claudio Aranzadi, ha expresado su intención de no intervenir en la crisis, con el argumento de que el problema de La Seda es empresarial "y debe ser resuelto entre los distintos interlocutores que participan en la empresa". Aranzadi olvida que no se está ante una simple querella de empresarios que luchan por controlar una sociedad privada. Bien al contrario, se asiste al intento de una poderosa multinacional de realizar una desinversión por la menos ortodoxa de las maneras posibles, es decir, sin haber tenido la prudencia de preparar esa marcha -legítima en sí misma, de conformidad con las normas del libre mercado- con la suficiente discreción como para que el anuncio, de esa fuga no pueda influir en el entierro de una empresa que años atrás le proporcionó sustanciosos dividendos.

Más preocupante aún es que el organismo oficial encargado de velar por la limpieza de las transacciones de las sociedades que cotizan en Bolsa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se haya revelado incapaz de dictaminar quién es hoy el verdadero propietario de La Seda, dejando en la más absoluta indefensión a todos los posibles afectados: accionistas, trabajadores y acreedores.

La pasividad de la Administración contrasta con la vocación intervencionista en casos de captación de importantes inversiones extranjeras. Es más, la instalación de plantas automovilísticas o de grandes empresas en España se ha vendido como un mérito del Gobierno de turno, resultado de sus propias gestiones. ¿Tiene sentido esta escrupulosa política actual de manos fuera de La Seda?

La Generalitat ha tenido mayor sensibilidad ante el problema, pero con resultados igualmente ineficaces que los del Gobierno central. El presidente Pujol no ha tenido inconveniente en reconocer que solicitó la suspensión de cotización de La Seda para dificultar las maniobras de Akzo, y ha proclamado su sorpresa y falta de comprensión por la actitud de la multinacional, pero el Gobierno autónomo rechaza las propuestas que signifiquen ir más allá de la declaración pública, el compromiso político o la promesa de mediar ante la más alta dirección de Akzo.

La desaparición de La Seda, en el caso de consumarse, no dejaría sin mancha a unas administraciones que todavía no han requerido -que se sepa- información oficial sobre las circunstancias que han llevado a una multinacional a desinvertir en España con el menos constructivo de los métodos posibles y a transferir sus acciones por una, peseta simbólica a un abogado mercantilista, sin que ello haya llamado tampoco la atención en los despachos oficiales. Las sospechas que ha motivado esta última operación exigirían como mínimo que la Administración se dirigiera al intrépido abogado y explicara cuáles son los verdaderos objetivos de su compra, de la misma forma que la multinacional debería justificar las causas por las que malbarata así una empresa que desempeña un papel estratégico en el sector de obras textiles sintéticas.