Juan Guerra evitó en 1988 una investigación policial sobre el departamento que concedió las tragaperras

Juan Guerra, hermano del ex vicepresidente del Gobierno, se opuso en julio de 1988 a que el comisario de la brigada especial del juego de Andalucía, Francisco Pérez Martín, investigase el departamento de la Consejería de Gobernación, que meses antes había concedido 370 licencias para la explotación de máquinas tragaperras al empresario Manuel Alejandro Mora, que se encuentra en libertad bajo fianza junto al responsable de la concesión, el delegado de Gobernación en Sevilla, Francisco Morillo. La propuesta partió de un funcionario de la consejería, Isidoro Beneroso Álvarez.

La declaración de Isidoro Beneroso, jefe del servicio de Inspección de la Dirección General de Política Interior, ante la policía judicial de Sevilla de muestra, según fuentes cercanas a la investigación del caso Guerra consultadas por este periódico, la relación de Juan Guerra con la presunta concesión irregular de máquinas tragaperras. En la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, el funcionario reconoce que visitó el ocho de julio de 1988 el despacho oficial de Juan Guerra en la delegación del Gobierno en Andalucía para solicitarle la intervención de la brigada del juego en la Consejería de Gobernación, y que Juan Guerra le contestó que "no lo consideraba oportuno". Beneroso dijo a la policía que sólo acudió al despacho del asistente para "conocer su opinión sobre el tema" y para que le trasladara la petición al entonces vicepresidente del Gobierno.Fuentes judiciales han señalado a EL PAÍS que la investigación del Juez Ángel Márquez se centra ahora en conocer los motivos por los que el delegado de Gobernación en Sevilla, Francisco Morillo, ordenó la tramitación de las 370 licencias de tragaperras a favor de Manuel Alejandro Mora, a pesar de ser advertido por los funcionarios de su departamento de la posible irregularidad de la concesión. Los siete funcionarios de la Delegación de Gobernación que participaron en la concesión irregular de las licencias se encuentran en la actualidad inculpados por el juez Ángel Márquez, y a petición del fiscal Alfredo Flores, de los presuntos delitos de prevaricación, coecho y falsedad en documento público.

Varios de estos funcionarios han declarado ante el juez Ángel Márquez que participaron en la presunta concesión ilegal de licencias forzados por Francisco Morillo, y a sabiendas de que se estaba vulnerando la legislación vigente. Un informe realizado por funcionarios de la Brigada de Delincuencia Económica demuestra que la delegación de Gobernación de la Junta de Andalucía en Sevilla tardó en 1987 sólo nueve días en adjudicar 370 licencias para la explotación de máquinas tragaperras a una empresa, propiedad de Manuel Alejandro Mora, hasta entonces desconocida en el sector y que ni siquiera había depositado dentro del plazo legal la fianza exigida.

De igual forma, los funcionarios declararon que Juan Guerra visitó y telefoneó en varias ocasiones la delegación de Gobernación en Sevilla durante 1985 y 1986 para solicitar la legalización de rifas y la concesión de licencias para máquinas tragaperras.

Por otra parte, el industrial marbellí Manuel Rodríguez Martos anunció que iniciará acciones penales contra los exviceconsejeros de Gobernación de la Junta de Andalucía, Antonio María Claret y José María Díaz de Miguele; el exdirector general de Juego, Manuel Cortés Ballesteros; el ex jefe del Servicio de Juego, Francisco Espinosa y el ex delegado de Gobernación, Juan María Rodríguez, como máximos responsables en la adjudicación de un expediente falso para la explotación de un negocio de máquinas tragaperras, informa Jorge L. Soria.

"Lo de Sevilla no es nada con lo que tiene que salir", dijo Rodríguez al referirse al escándalo de las tragaperras.