UGT y CC OO afirman que el salario social es una limosna

Los pobres cobran, pero no se integran. Ésta es la valoración que CC OO y UGT ofrecen del salario social o ingreso madrileño de integración (IMI) a los 300 días de su implantación. No es que los marginados no aprendan un oficio o a leer y a escribir, que no lo hacen. Es que, según los sindicatos, la Administración ni siquiera procura que lo hagan sus hijos. Por ello, ambas centrales afirman que las 35.000 pesetas de media que cobran al mes 7.000 familias pobres no es más que una limosna que la Comunidad da a los marginados.Para acceder al salario social hay básicamente dos métodos: el individual y el colectivo. El individual consiste en que el marginado se compromete por contrato a aprender un oficio o a enviar a sus hijos al colegio.

Para pagar las 35.000 pesetas a las 7.000 familias que cobran el IMI por esta vía, el Gobierno dispone de fondos. "El problema", según Javier López, de CC OO, "está en la tremenda descoordinanción entre los organismos regionales; todo lo quieren arreglar con cursos de alfabetización y no concertando cursos con la Agencia de Medio Ambiente o la Dirección de la Mujer para aprovechar el dinero del Fondo Social Europeo".

El mecanismo colectivo del IMI consiste en que las entidades ciudadanas presentan a la Comunidad proyectos de rehabilitación de edificios o de creación de empresas para que sean subvencionado. Sin embargo, de los 103 proyectos presentados, sólo 23 conseguido subvención este año, pero ninguno de ellos ha recibido ni un duro. ¿La razón?: "Los trámites burocráticos y la falta de dinero", explica el responsable técnico del IMI, Ildefonso Goizueta. La Comunidad sólo dispone de 500 millones.

En vía muerta

El sindicato UGT, además, cree que los trabajadores sociales están desarbolados. La ugetista Marisa Amieba afirma: "Tienen que inventarse actividades para los pobres, y además, sus contratos son temporales".El IMI tiene una tercera vía que está muerta. Este mecanismo de atención urgente (complementos por necesidades de integración), a cargo de los ayuntamientos, consiste, por ejemplo, en pagar a una familia parte de lo que cuesta arreglar el techo de una casa en ruinas.

Este sistema choca con la enorme descoordinación entre los trabajadores sociales de los organismos implicados en el IMI (ayuntamientos y Comunidad). El Ayuntamiento de Madrid reconoce en un informe sobre el IMI que, al no aparecer en las fichas del contrato información sobre las necesidades de los solicitantes, no es posible "valorar las finalidades ni las cuantías propuestas", por lo que todo se aplaza "para otra ocasión".