"Manca finezza"

En los primeros días de la transición política, Giulio Andreotti visitó España como jefe del Gobierno italiano. El juicio que la naciente democracia española merecía a los dirigentes europeos era pieza informativa codiciada por los periodistas. Su insistencia para que Andreotti opinará sobre la vida política española sólo encontró una respuesta a la altura de la astucia del personaje. Andreotti se limitó a contestar: "Manca finezza". Puede que se equivocara y no fuera precisamente finura lo que faltara a la política española de aquellos momentos, pero acertaba al señalar que lafinezza es buena cualidad para las situaciones políticas complicadas.La gestión de situaciones de declive industrial es un complejo proceso político en el que el éxito depende en buena medida de la finezza con la que administraciones públicas y organizaciones de intereses actúan. Nos referimos a lafinezza no como simple astucia política, sino como una mezcla de disposición al intercambio y de capacidad estratégica. El que colectivos laborales y territorios afectados den por aceptable -por supuesto, siempre en grados relativos- una reducción de actividad que se considera ya irreversible depende de esa condición.

No parece que este recurso de finezza abunde en la manera en que se viene gestionando el declive de la minería asturiana del carbón. Hace unas semanas se conocía un plan de empresa para el periodo 1991-1993 sobre el futuro de Hunosa.

Recorte de empleo

La negociación sobre el futuro de la empresa y el mencionado plan vienen urgidos ahora por una decisión comunitaria en la que la CE requiere al Gobierno español a que presente un plan de reducción de las ayudas destinadas a cubrir pérdidas de explotación en las empresas con contrato programa.Este plan de empresa propone una reducción para finales de 1993 de cerca de 6.000 empleos, un tercio de la plantilla actual de la empresa. Aun con ese importante recorte de empleo, la aplicación de ese plan requiere todavía la provisión de cuantiosos recursos financieros -que alcanzan la cifra de 241.000 millones de pesetas en sólo tres anospara subvencionar las pérdidas de explotación, para nuevas inversiones y para costes extraordinarios (técnicos, sociales y financieros).El plan, por otra parte, ha sido presentado sin incluir áctuación compensatoria alguna, salvo un vaguísimo compromiso de la empresa con la promoción industrial del territorio.

La práctica totalidad de las fuerzas sociales, políticas e institucionales de la región han reaccionado oponiéndose a dicho plan. Con variados énfasis, los sindicatos del sector, todos los partidos políticos -incluida la. FSA-PSOE-, el Gobierno regional, los ayuntamientos mineros y hasta la propia Iglesia asturiana se han mostrado contrarios a su aplicación. Inmediatamente se ha creado una diiiárnica en la que el enfrentamiento AsturiasMadrid parece el único camino posible.

Tal como se han planteado las cosas, difícilmente podía ser de otra manera. Sobran razones para que los intereses regionales se movilicen frente a Madrid por este tema. Pero por esa vía, que se asemeja demasiado a la vía inglesa de gestión del declive minero, se condicionan las soluciones a la fortaleza del Gobierno central para librar una batalla frontal con colectivos y territorios mineros tras la que, y bajo cualquier resultado, aquél quedaría libre de todo compromiso reindustrializador. Además, en el río revuelto de ese enfrentamiento, y prietas las filas del asturianismo, se habría creado el mejor ambiente para alimentar todas las estrateglas oportunistas. Una alteración prolongada del clima sociolaboral ayudaría muy poco al futuro económico de un territorio como Asturias.

Pero la gestión política de este asunto puede hacerse de otras maneras. La cooperación entre actores institucionales, a la manera en que se han abordado los declives de áreas mineras.tradicionales en Bélgica y Francia, parece un camino mucho más recomendable.

Diagnóstico realista

Tal vez lo primero sea aceptar un diagnóstico realista de la situación. Dos hechos son fundamentales. Por un lado, la dimensión socioterritorial del problema, algo que nadie discute, pero que no se hace efectivo en las propuestas actuales. Según las cuentas regionales y la tabla input-output de 1985, y tan sólo en incidencia directa, Hunosa suponía el 6,55% del VAB (al coste de factores), el 6,4% de la renta personal y el 9,3% del empleo asalariado regional, y generaba el 30% de las rentas personales de un total de siete municipios mineros asturianos. Añadiendo efectos indirectos e inducidos, la incidencia de Hunosa supondría, según Sadel, más de 150.000 millones de VAB y de 76.000 empleos. Estamos hablando, además, de una región que ha sufrido en los años ochenta el proceso desindustrializador de mayor intensidad relativa de túdas las regiones españolas (siderurgia, sector naval, fertilizantes), que ha perdido en los últimos cinco anos más de 12.000 empleos en la agricultura y a la que le aguarda ya una segunda fase de reconversiones en la siderurgia y la fabricación de armamento.El otro hecho fundamental es la imposibilidad de encontrar medios para reducir las pérdidas de Hunosa, muy diferentes a los que el propio plan de empresa propone. Sólo el rendimension-amiento consigue ese objetivo. Un hecho que no todos aceptan y que casi nadie afirma en voz alta dentro de la región. Aquí vale cualquier especulación sobre el futuro de Hunosa a condición de que no se mencionen las cifras. Puede seguir afirmándose en las campañas electorales que no sobra ningún minero, pero quien lo diga está obligado a dar garantías de que, eso va a ser pagado, y debe decir con cargo a qué bolsillos.

Si se acepta este diagnóstico, la gestión política debería tomar nuevas orientaciones en lo que se refiere a escenario, dimensión temporal y contenidos de la negociación.

El escenario principal no puede ser una comisión negociadora de un convenio colectivo. Si el problema central es el efecto de ese declive sobre el futuro económico de un territorio, sus protagonistas no pueden ser sólo los sindicatos y la dirección de la empresa. El tema requiere un complicado juego de intercambio político que sólo pueden protagonizar con éxito las administraciones regional y central, hasta ahora paradójicamente ausentes de cualquier protagonismo directo. Seguro que ese intercambio sólo puede hacerse si la Administración central asume de partida algunos compromisos básicos de carácter territorial, y si, en contrapartida, la Administración regional se compromete en la gestión del problema.

Hay que alargar el horizonte temporal en los planes sobre la empresa. No es aceptable asumir una reducción de empleo tan cuantiosa sin algunas certezas sobre cuál pueda ser el futuro de la empresa a partir de 1993. Un futuro más que próximo: el actual plan, una vez apuradas todas las posibilidades de negociación, tendrá menos de dos años para su aplicación. Una dimensión temporal más amplia supone un ritmo diferente de reducción de tamaño y una oportunidad para que las actuaciones compensatorias vayan teniendo sus efectos con cierta anticipación. Pero convendría no engafiarse: supone tener que hablar de reducciones tal vez mayores y también de cifras de pérdidas más altas en los años inmediatos.

La inclusión, desde el comienzo de las negociaciones, de un plan de actuaciones compensatorías es algo imprescindible. Las astucias tácticas no sirven demasiado en estos casos. Si ese es es núcleo de lo que se debe negociar, mejor hablar de ello desde el principio.

Es difícil dar seguridades muy firmes sobre la eficacia relativa de las diferentes opciones. Afortunada o desafortunadamente, hay poco que inventar para situaciones del tipo de lasáreas mineras tradicionales. Aun con eso es posible asegurar que la mayor eficacia se consigue dirigiendo esas actuaciones hacia ciertos tipos de infraestructuras y equlpamientos, hacia ciertos instrumentos de promoción industrial y bajo formas coordinadas de, gestión.

Reindustrialización

Los núcleos centrales de las cuencas mineras asturianas son, a diferencia de otras comarcas mineras del país, áreas reindustrializables. El esfuerzo inversor tiene que dirigirse, en primer lugar, a dotarlos de infraestructuras que garanticen su inserción en los mejores ejes de comunicaciones de dentro y fuera de la región; en segundo lugar, a la reordenación del territorio para disponer de más y mejor espacio industrial y de espacios residenciales nuevos y de mejor calidad ambiental, y en tercer lugar, de una oferta significativamente mayor de equipamientos educativos, particularmente en todas las. modalidades de formación para el empleo.Toda la gama de acciones de promoción industrial es necesaria. Pero en territorios de este tipo, con escasos recursos de empresarialidad propios, está probado que la disponibilidad de abundantes paquetes de incentivos a la inversión es el instrumento que puede dar resultados acordes con la dimensión del esfuerzo reindustrializador requerido en estas áreas. La región tendría que disponer de mayores cantidades de recursos para incentivos y poder garantizar a medio plazo la aplicación de los techos máximos posibles.

Buena parte de las actuaciones propuestas están ya realizándose. Lo que un plan de actuaciones compensatorias debe incorporar son soluciones a los requisitos de ritmo de ejecución y de coordinación. El objetivo es conseguir una anticipación de actuaciones ya previstas, y una coordinación, con criterios territoriales, de las políticas sectoriales que llevan a cabo las diferentes administraciones. Precisar la figura y las competenclas de unidad de coordinación de las diferentes actuaciones públicas sobre estos territorios es otro de los contenidos primordiales de la negociación.

Asturias ha dado pruebas en muchas ocasiones de que sabe defender su minería. Pocos temas son tan capaces de crear consenso dentro de la región como éste. Pero conviene no equivocarse: el consenso para resistir puede ser una falsa ilusión cuando lo que se necesita es cooperación para encontrar soluciones. Aunque también la Administración central tendrá que dar pruebas de que prefiere colocar a Asturias en condiciones de cooperar a colocarla en condiciones de resistir.