El informe del fiscal no justifica su petición de cientos de años de cárcel para Amedo y Domínguez

El informe que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, realizó ayer para respaldar los hechos que él considera probados en el caso Amedo y su calificación jurídica no respondió a la petición de cientos de años de prisión que había solicitado el pasado viernes para los acusados José Amedo y Michel Domínguez. Aranda, en medio de una gran ambigüedad y tibieza acusatoria, pidió una sentencia condenatoria para los policías procesados, pero ni siquiera resaltó las principales pruebas que existen contra los agentes. El fiscal, tras exponer cada una de las líneas de acusación, fue dejando puertas abiertas al tribunal para que pudiese rechazar todas las tesis incriminatorias que él sostenía.

La policía francesa detuvo al mercenario portugués Paulo Figueiredo Fontes tras el atentado al bar La Consolation y le ocupó un DNI falso a nombre de Manuel Sousa Quintela, que él indicó que le había sido proporcionado por Amedo. El fiscal dijo ayer que considera ese carné de identidad falso como uno de los indicios más evidentes de que los mercenarios portugueses dicen la verdad cuando acusan a Amedo de haberles encargado realizar los atentados contra los bares Batxoki y La Consolation.Pero, inmediatamente, precisó que los informes periciales caligráficos que se han realizado sobre la firma estampada en el citado carné falso son contradictorios. También criticó al juez Baltasar Garzón por no haber practicado una prueba para comprobar si la huella dactilar del citado documento coincidía con la del DNI de Amedo.

No obstante, el informe caligráfico elaborado por el perito de la Audiencia Nacional designado por el juez Garzón asegura que la firma del carné falso fue realizada por Amedo, mientras que el otro informe, elaborado por la Guardia Civil, no dice que la firma no sea de Amedo, como sugirió el fiscal, sino que hay similitudes entre la firma del carné falso y la caligrafía de Amedo, aunque no puede asegurarse sin ninguna duda.

Cal y arena

Respecto a la crítica a: Garzón fuentes jurídicas la han calificado de surrealista, toda vez que el juez de la Audiencia Nacional pidió por tres veces que se tomasen las huellas dactilares de Amedo, a lo que éste se negó, siendo el único preso en toda España cuyas huellas no figuran en los archivos de la prisión. Aranda ni siquiera llegó a preguntarse el por qué de la negativa de Amedo a estampar sus huellas. Si la huella de Amedo no estuviese en el carné, el policía no tendría más que facilitar sus impresiones dactilares para destruir una de las más importantes pruebas contra él.

El fiscal sostuvo que el tribunal debe otorgar valor de prueba a las declaraciones de los mercenarios portugueses -en las que éstos acusan a Amedo de haberles reclutado para cometer atentados de los GAL- realizadas en presencia de un juez por medio de comísiones rogatorias a Francia o Portugal. A continuación, sin embargo, aludió a dos sentencias del Tribunal Supremo contradictorias sobre la aceptación de las comisiones rogatorias.

Aranda señaló que, al no existir pruebas contra los acusados, el tribunal deberá llegar a ellas por la vía de los indicios, y para el fiscal esos indicios son la documentación sobre los hoteles en los que coincidieron los policías y los mercenarios en fechas previas a los atentados y los excesivos gastos de los agentes en el casino Kursaal, de San Sebastián. Para el fiscal no hay pruebas, pero "las coincidencias son exageradísimas".

El fiscal agregó que ahora que debe funcionar un espacio judicial europeo sólo tendría que haberse celebrado un juicio contra Amedo y los mercenarios, y no tres, uno en Francia, otro en Portugal y el tercero en España. "Duele mucho decir que Europa es la que veda las pruebas", manifestó, en referencia a que Francia se ha negado a trasladar a España a los mercenarios portugueses testigos de cargo en este proceso. Destacó también que las penas a las que han sido condenados los mercenarios -autores materiales de los atentados- en Francia y Portugal son notablemente inferiores a las peticiones en España contra los dos policías.

Más adelante manifestó que el secreto profesional no puede amparar actos ilícitos, pero justi icó el secreto en la información sobre terrorismo y los fondos reservados porque 1evantar uno u otro secreto sería desarmar a la sociedad y hundir a los ciudadanos en el caos".

El fiscal concluyó su informe declarando que para él las declaraciones de los mercenarios son válidas y espera que el tribunal así lo declare, porque de lo contrario debía aplicar la presunción de inocencia.