Castells dice que los GAL son mil veces peor que ETA

El acusador Miguel Castells aseguró ayer en su informe que la organización terrorista GAL subsiste porque no ha sido desarticulada. "El daño social que está haciendo simplemente su existencia", dijo, "es mil veces mayor que los atentados que puede realizar cualquier otro grupo de los que normalmente se juzgan en esta sala", en clara referencia a ETA. Castells, que representa a las víctimas de los atentados a los bares Batxoki y La Consolation, solicitó en otro momento que se procediese contra el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, por prevaricación y contra el actual titular del departamento, José Luis Corcuera, por delito de desobediencia a la Justicia.Según este abogado de la acusación, "mientras no se localice y disuelva a los GAL no habrá seguridad, ni legalidad ni Estado de Derecho". A renglón seguido consideró que la "simple existencia" de los GAL es mil veces más dañina que los atentados de ETA. Para Castells, los mercenarios de los GAL "no tienen prácticamente interés", ya que en su individualidad "se venden al mejor postor".

Castells, quien comenzó su informe a última hora de la tarde de ayer y proseguirá hoy, comenzó invocando como causa de nulidad o de fraude procesal la negativa de la sala a que los testigos policiales declarasen sobre los fondos reservados, con lo que se crea una "situación de fondo imposible". El letrado afirmó que si los delitos fueron cometidos con fondos públicos, "es de justicia que con fondos públicos se indemnice a los perjudicados".

Según el acusador, el ex ministro Barrionuevo dejó de promover la persecución de la organización que amparó, armó y financió a los GAL, lo que a su juicio constituye un delito de prevaricación. La negativa de Corcuera a dar explicaciones sobre los fondos reservados constituye para el letrado un delito de desobediencia, por lo que solicitó del tribunal la deducción de testimonio [apertura de una nueva causa]. Castells agregó que "la pifia" que los testigos policiales hicieron en tomó a los procesados apunta a la existencia de "un poder paralelo inserto en los aparatos del Estado".

Previamente, Javier Calderón, acusador en representanción de la familia del asesinado Juan Carlos García Goería, señaló que hay pruebas suficientes para considerar a Amedo y Domínguez como los "ejecutores materiales del atentado. El fiscal consideró "repugnante" este asesinato, pero dijo que no había pruebas para imputarlo a Amedo y Domínguez.