Un mundo inhumano

LOS INFORMES de Amnistía Internacional (AI) y de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) referidos a 1990, y hechos públicos la semana pasada, dibujan un panorama nada halagüeño para millones de ciudadanos de todo el mundo y para importantes bolsas de marginación, incluso en los países más desarrollados.El análisis de ambos informes ofrece una doble dimensión. Por un lado, lo que Al ha calificado como "panorama de barbarie" hace referencia al increíble retraso en la implantación de los más elementales derechos humanos, que ha conducido en 141 países a la práctica de ejecuciones, torturas o encarcelamientos injustos. Si esta perspectiva es preocupante, no lo es menos que el progreso económico, la modernización y la construcción del futuro en los países más desarrollados se está realizando sobre la xenofobia, la discriminación y la injusticia, que divide a las sociedades presuntamente civilizadas en núcleos privilegiados económica y socialmente que conviven junto a etnias, pueblos, minorías y sectores amplios de población desprotegidos e indefensos.

Curiosamente, las máximas violaciones de los derechos humanos no siempre se produjeron en los países de inferiores niveles medios de vida. Si es cierto que las ejecuciones y torturas proliferaron en Suráfrica, Chad, Etiopía, Liberia, Senegal, Nigeria, Sri Lanka y otras zonas del Tercer Mundo, en- un país del primer mundo como Estados Unidos se ejecutaron 23 penas de muerte en 1990 y permanecen condenadas a la máxima pena 2.300 personas en 34 Estados. Asimismo, durante el mismo año, en Israel y en los territorios ocupados,el Ejército israelí mató a cerca de 120 personas, y 4.000 palestinos permanecieron recluidos sin cargos ni proceso.

En el ámbito europeo, Amnistía Internacional ha expresado sus temores de que la armonización de las políticas fronterizas entre algunos países, en concreto los que han suscrito los acuerdos de Schengen, "pueda ir en detrimento de los derechos de los refugiados políticos".

Sobre esta materia, el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de España es particularmente explícito cuando denuncia que tanto los firmantes de los acuerdos de Schengen -Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, España y Portugal- como los del grupo de Trevi se ocupan "de delincuentes, inmigrantes o refugiados, como una especie de totum revolutum que contempla el problema de la inmigración y de los extranjeros cómo un problema policial o de orden público" y "nunca como un problema de derechos humanos".

Ante este panorama, es coherente que entre las recomendaciones de la APDHE a los poderes públicos figure la petición al Gobierno español para que impulse que las instituciones europeas-Comisión, Parlamento- "cobren el protagonismo en relanzar una política comunitaria con respecto a los extranjeros más acorde con sus derechos y dignidad". Sin embargo, no parece que vayan por ahí los tiros; por el contrario, la Administración española participa en buena parte de los vientos xenófobos que circulan por Europa.

Una muestra de ello es el enfoque político con que el Gobierno ha abordado recientemente la protección de la seguridad ciudadana -mediante un proyecto de ley tildado de inconstitucional y regresivo, además de favorecedor de la autonomía policial frente al control de una justicia independiente- y la escasa limitación de los abusos informáticos, especialmente dentro del sector público.

Si la aportación española a la causa europea de los derechos humanos no parece excesiva, en el ámbito interno tampoco cabe excesivo optimismo. El informe de la APDHE denuncia las deficiencias en las prisiones -en donde al hacinamiento tradicional hay que sumar graves deterioros en los vetustos edificios carcelarios, unidos a la situación insoportable de las celdas de aislamiento, en las que los reclusos de primer grado permanecen 22 horas al día- y, lo que resulta más insólito, la violación de los derechos humanos para algunos de quienes atraviesan el umbral de los cuarteles y otros lugares de cumplimiento del servicio militar.

Es cierto que en materia de torturas y malos tratos ha mejorado sustancialmente el estándar español de respeto a los. derechos humanos. Pero en esta materia no hay términos medios y la excepción nunca confirma la regla, sino que sitúa al violador en el campo contrario. Si en algo cabe la radicalidad es en la defensa de esos derechos humanos fundamentales, que forma parte esencial del desarrollo de cualquier sociedad de las libertades.