Tres semanas y media

ES DIFÍCIL cuestionar la necesidad de disponer de una estrategia frente al desafilo del mercado interior europeo y el proceso de unión económica y monetaria (UEM). También es incomprensible dudar de la trascendencia que para la economía española y, en definitiva, para el bienestar de los ciudadanos tiene la incorporación de nuestro país a esas nuevas reglas del juego. La convergencia de nuestra economía con las más importantes de la CE constituye una exigencia ineludible para que aquélla pueda beneficiarse de pertenecer, con todas las consecuencias, a la Europa de los Doce; su estabilidad y la credibilidad de la política económica son condiciones básicas para esa plena integración.En los años transcurridos desde la incorporación de España a la CE, el camino recorrido ha sido manifiesto, aunque insuficiente: nuestra tasa de inflación, más elevada que la de los países centrales de la CE, constituye uno de los exponentes más elocuentes de esa distancia que es necesario acortar; pero también lo son la deficiente calidad de nuestros servicios públicos, de nuestras infraestructuras, de nuestra enseñanza e investigación, de la sanidad, de los usos y costumbres de la Administración, entre otros. Esas limitaciones cercenan la capacidad de competencia exterior de las empresas españolas, incorporando costes innecesarios, inexistentes o menores en aquellos países comunitarios utilizados como referencia.

La capacidad de competir es imprescindible si no se quiere entrar en la Europa unida en el pelotón de los más rezagados. Para ello, el Gobierno ha establecido la necesidad de un pacto con los agentes económicos y sociales, siguiendo ese viejo principio de que en democracia es más eficaz y más satisfactorio cambiar la sociedad por acuerdo que por decreto. Lamentablemente, lo ha hecho tarde, y las prisas agudizan las contradicciones. El documento en que el Ejecutivo concretó la oferta de pacto social para el periodo de 1992-1994 incorpora dos grandes líneas de actuación: política de rentas y reformas estructurales.

Respecto a la primera, se trata de analizar las decisiones de los distintos agentes económicos sobre consumo, inversión, precios y salarios con el fin de que garanticen un crecimiento equilibrado de la economía; la evolución de los salarios nominales y de los costes laborales unitarios es, sin duda, un factor de primer orden, aunque en modo alguno exclusivo para alcanzar una tasa de crecimiento real de la economía suficiente para la generación de empleo. La disposición del ministro de Economía a introducir una cláusula universal de revisión mediante la que se garantice un crecimiento de los salarios un punto y medio o dos puntos porcentuales por encima de la inflación es una oferta estimable y sólo comprensible sobre la base de que el Gobierno está convencido de que pueden obtenerse mejoras sustanciales en la competitividad exterior de las empresas españolas con actuaciones distintas a la mera contención de los salarios. La virtualidad de las actuaciones sobre los beneficios empresariales, orientadas al fomento de su reinversión, dependerán en última instancia de los incentivos ofrecidos como contrapartida y del grado de vinculación que se establezca como destino de esos excedentes.

Pero en una perspectiva de medio plazo, son las políticas destinadas a eliminar las ineficiencias estructurales de algunos sectores las que incidan en mayor medida sobre la competitividad de nuestra economía. La mejora de la organización y gestión empresarial, de la formación profesional, de la capacidad de innovación de las empresas son tan importantes como la necesidad de garantizar comportamientos más competitivos en numerosas ramas del sector servicios. La actuación del Gobierno en este ámbito ha de ser significativa y, en todo caso, más evidente que la mostrada en estos últimos años.

Para la aplicación de un plan como el propuesto por el Gobierno no es estrictamente necesaria la institucionalización del consenso entre los agentes económicos y sociales que ahora se procura. Su consecución, sin embargo, introduciría las condiciones necesarias, aunque en modo alguno suficientes, para que esta nueva transición de la economía española se lleve a cabo con la estabilidad y aceptación que el bienestar de la mayoría requiere. Es en estas tres semanas y media que se han dado de plazo las partes para llevar a cabo la negociación cuando los ciudadanos españoles tendrán ocasión de contemplar la prioridad que esos grupos otorgan al futuro del país en general o, por el contrario, el grado de corporativivismo de sus actuaciones.