Rechazo de los conservadores al plan de Gorbachov para privatizar empresas públicas de la URSS

El Sóviet Supremo de la URSS (Parlamento) reinició ayer el debate del proyecto de ley que sienta las bases del proceso de "desestatalización" y "privatización" de las empresas soviéticas, un polémico texto que, de ser aprobado, fortalecerá la posición de Mijaíl Gorbachov en la cumbre de los siete países más industrializados que se celebrará el mes próximo en Londres. El proyecto de ley demuestra la voluntad reformista de la dirección soviética hacia la economía de mercado y encontró fuerte resistencia en los sectores conservadores del Parlamento, que ven en él una amenaza para las bases del sistema.

Yegor Ligachov, ex miembro del Politburó y símbolo de los sectores ortodoxos marxistas, intervino ayer desde la tribuna del Parlamento para oponerse a la privatización. En la sociedad soviética, dijo Ligachov, "están en marcha procesos de degeneración, de cambios radicales en sus fundamentos".Ante un hemiciclo que guardaba un atento silencio, Ligachov denunció lo que él considera un intento de alterar la perestroika, tal como ésta existió entre 1985 y 1989, cuando no había ni sombra de propiedad privada". El proyecto de ley que se debatía ayer, producto de una ardua y larga discusión en comités y comisiones, permitirá, según Ligachov, a los "nuevos burgueses" y a los inversores extranjeros comprar empresas en todas las ramas de la economía. La privatización, dijo Ligachov, es un "retroceso", y la "desestatalización" debe hacerse sobre la base de formas colectivas de propiedad. La propiedad privada equivale, para este político, a un cambio del sistema social. La aparición de propietarios supondrá, dijo, un "cisma definitivo de la sociedad" y el fortalecimiento de las nuevas clases de propietarios no sólo en economía, sino en política.Presiones de Occidente

"Quiero recordar", dijo Ligachov, "que la existencia de propiedad privada y mercado libre en la URSS es una de las condiciones de posible ayuda por parte de Occidente". "Determinados círculos de Occidente no sólo quieren, sino que exigen que haya aquí una economía de un solo tipo, ni más ni menos".

En opinión de Ligachov, la propiedad privada basada en la explotación del hombre no llevará al consenso social, sino al enfrentamiento de fuerzas sociales, con graves consecuencias". El paso de la propiedad social a manos privadas, la "introducción del capitalismo" en la URSS y el "debilitamiento de sus posiciones internacionales" equivalen, según Ligachov, a una "traición a los intereses del pueblo y de la patria".

El diputado Alexei Boiko, jefe del grupo de trabajo que ha elaborado la ley, defendió ayer el texto ante el Parlamento e hizo hincapié en la necesidad de dar una forma legal a escala soviética a un proceso que de hecho ha comenzado ya. Varias repúblicas soviéticas han aprobado ya leyes sobre privatización (Armenia, Lituania y Estonia), y otras debaten o preparan textos semejantes (Kazajstán, Ucrania y Rusia). La ley que debatía ayer el Parlamento soviético tiene por objeto la superación del "monopolio estatal de la propiedad" y la creación de condiciones para la libertad empresarial y la formación de una economía de mercado eficaz y "orientada socialmente".

Son objeto de privatización empresas pertenecientes a todas las ramas de la economía que hoy son propiedad del Estado soviético, de las repúblicas y de las unidades administrativas. La lista de sujetos autorizados a acceder a la privatización comprende desde los miembros del colectivo laboral de la empresa a personas jurídicas nacionales y extranjeras y ciudadanos no soviéticos.

El Gabinete ministerial soviético presentó al Sóviet Supremo un pronóstico sobre el proceso de privatización, que establece dos etapas, desde 1991 a 1992 y de 1993 a 1995. En la primera se contemplan cambios en la forma de propiedad de las empresas, con excepción del sector de defensa no sometido a reconversión al sector civil, empresas energéticas, de comunicaciones, investigaciones espaciales, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y otros objetos. Al final de la primera etapa, el Estado habrá transferido a otras formas de propiedad entre el 40% y el 50% de los fondos de las empresas estatales, y al final de la segunda, entre el 60% y el 70%.