Solchaga afirma que su pacto podría garantizar mejoras del poder adquisitivo de casi dos puntos

El plan de competitividad que el Gobierno quiere pactar con las fuerzas sociales podría garantizar una mejora del poder adquisitivo de los salarios cercano a los dos puntos por año, según aseguró ayer el ministro de Economía, Carlos Solchaga, en el Congreso de los Diputados. Esta mejora significa que los salarios podrían crecer entre 1,5 y dos puntos más que la inflación, que es prácticamente la misma tasa de ganancia de poder adquisitivo de los dos últimos años. Las empresas y sectores con dificultades podrían, además, descolgarse del acuerdo general y adaptar las mejoras salariales a su menor productividad. Tras esta oferta, la mayor parte de los grupos de la oposición rechazaron el plan de competitividad del Gobierno.

El ministro de Economía y Hacienda realizó ayer un nuevo intento de convicción sobre las bondades de su pacto social de progreso ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con la CE. Tras reiterar que la economía española necesita mejorar su competitividad e insistir en que la política económica tradicional -monetaria y fiscal- funcionaría mejor con el apoyo de un pacto de rentas, Solchaga se mostró abierto a discutir de todo lo que los interlocutores sociales consideren oportuno con el fin definido de antemano: la competitividad.En esta línea, Solchaga aseguró que "el pacto no es una propuesta cerrada sino sólo un enunciado para la negociación". Y añadió, "los que se sienten a la mesa podrán ampliar o reconsiderar los temas más importantes".Posible fracaso

El titular de Economía dejó, además, una puerta abierta al fracaso. "Aunque la negociación no llegara a saldarse de forma positiva, el Gobierno tenía la obligación moral de presentarlo tanto a las cámaras como a los interlocutores sociales", reconoció el ministro. Como primera respuesta, prácticamente todos los grupos de la oposición rechazaron el plan del Gobierno. El mayor rechazo fue expuesto por Izquierda Unida, aunque el Partido Popular y, en menor medida, Convèrgencia i Unió, tampoco escatimaron críticas, mientras que el CDS y el PNV respaldaban al Gobierno.

La presentación del pacto que realizó ayer Solchaga en el Parlamento siguió el mismo esquema de anteriores ocasiones: un acuerdo de rentas como pieza clave del plan, una serie de medidas estructurales para reducir la inflación en el sector servicios y otras tantas reformas en los mercados laboral y de capital que mejoren su eficacia.

La principal novedad que aportó Solchaga en su exposición del pacto -respecto a las abundantes explicaciones que ha ofrecido el ministro con el mismo fin durante este mes- es la posibilidad de garantizar una mejora del poder adquisitivo de más de 1,5 puntos por año. Según Solchaga, "el Gobierno propone simplemente que seamos capaces de llegar a acuerdos para que los salarios crezcan dos puntos por encima de la inflación, pero que tanto los salarios como los precios tengan tasas de crecimiento más cercanas a las de los países de la Comunidad".

El ministro acompañó esta afirmación con el siguiente ejemplo numérico. Los salarios podrían crecer el próximo año un 6,5% con una inflación del 5%; en 1993 ese aumento podría ser del 5,5% con una inflación del 4%, y en 1994 los salarios podrían crecer un 4,5% si los precios llegaran a converger hasta un 3%.

La principal diferencia con la situación actual es que el crecimiento salarial que se fije al principio de cada año debe aceptar y asumir la previsión de inflación del Gobierno. Si ésta falla y los precios crecen finalmente más de lo previsto, a fin de año se pondrá en marcha la cláusula de revisión salarial que introduce el plan de Solchaga.

Una mejora de poder adquisitivo de los asalariados de 1,5 puntos es, además, compatible con un crecimiento económico real del 4% y una tasa de crecimiento del empleo del 2%, es decir, con un ritmo de expansión de la economía y el empleo estables.

Izquierda Unida, poco después, realizó una crítica más amplia. A juicio del diputado Nicolás Sartorius,"el documento del Gobierno es inaceptable, pues, a la Cámara no se traen pactos sociales". Para IU, "el elemento estratégico de la corripetitividad no debe ser la moderación de los salarlos sino una política que aumente la productividad de las empresas españolas públicas y privadas".

El diputado de Convergència i Unió, Francesc Orns, también se desmarcó del pacto pues, a su juicio, el pacto no incluye el compromiso de adoptar medidas concretas que faciliten la modernización de las empresas españolas. CiU pidió la ampliación del pacto, principalmente en aquellos aspectos que puedan reducir la fiscalidad que soportan las empresas.