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Editorial:

Un juicio abierto

LOS POLICÍAS José Amedo y Michel Domínguez comparecen hoy a juicio, tres años después de que el juez Baltasar Garzón decretara su prisión incondicional por indicios de ser los principales organizadores de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Pero en los tres años transcurridos desde la formulación de aquella inicial hipótesis no sólo no se han aclarado los hechos, sino que se han vuelto, si cabe, más confusos. La ambigüedad preside el inicio de un juicio previsto, en principio, para dos meses: no se sabe si se reducirá al caso Amedo, o sea, a dilucidar las andanzas presuntamente delictivas de dos policías en su particular guerra sucia contra el terrorismo de ETA, como pretende el ministerio fiscal, o, por el contrario, dará ocasión a arrojar alguna luz sobre el insondable misterio de los GAL y despejar la incógnita de la cúspide de su organigrama, como pretenden los representantes de la acción popular.Teóricamente, todo es posible. Las diversas hipótesis apuntadas en el sumario se contemplan en el juicio oral, y ninguna de ellas tiene más valor que la otra en la búsqueda de la verdad. Defensores y acusadores tienen las mismas posibilidades, y la libertad de defensa ampara a todos por igual. Pero ello no impide que las limitaciones surgidas en la instrucción de este polémico proceso puedan ser interpretadas en el inicio del juicio como un grave condicionante de su resultado. Con tales antecedentes hay razones para temer sobre el desarrollo del juicio oral hoy iniciado.

En primer lugar, las condiciones en las que se celebra el juicio no pueden desligarse de la confesada incapacidad de la justicia para investigar los fondos reservados, verdadero eslabón en la demostración de una de las hipótesis barajadas en el sumario y que la acción popular mantiene en el juicio oral: la financiación de las acciones criminales de los GAL con dinero público. Al hacer suya la tesis de la razón de Estado alegada por el Gobierno para oponerse a la investigación de tales fondos, la justicia creó un precedente de incalculables consecuencias para la correcta interpretación de las reglas que regulan el funcionamiento del Estado de derecho. Y al mismo tiempo restó credibilidad a su propia actuación en el futuro desarrollo del proceso: si la razón de Estado se interpuso una vez ante la acción de la justicia, nada impediría que se interpusiera nuevamente en el juicio oral.

La investigación hacia arriba en el caso Amedo se enfrenta, pues, en el juicio a los mismos obstáculos con que tropezó en el sumario. Pero también la horizontal -aquella que se sitúa en el nivel funcionarial de Amedo y Domínguez- llega al juicio más bien menguada. Al menos, ése es el objetivo que parece perseguir el ministerio Fiscal. A su entender, los hechos que imputa a Amedo y Domínguez -básicamente, seis asesinatos frustrados, reivindicados en su día por los GAL- fueron cometidos por iniciativa de los dos policías, exclusivos integrantes de una innominada y desconocida banda armada. En su interés por individualizar al máximo los delitos imputados a los procesados y por limpiarlos de cualquier sospecha de implicaciones públicas, el ministerio fiscal no ha dudado en plantear en el juicio una versión de los hechos difícilmente comprensible. Su tarea en el juicio será demostrar que es una versión lógica y coherente, mientras que la acción popular tendrá su mayor dificultad en allegar pruebas sobre la posible conexión de Amedo y Domínguez con el entramado de los GAL.

En todo caso, muy pronto se verá si el juicio que hoy se inicia lo será del caso Amedo o también proyectará alguna luz sobre las sombras de los GAL: el origen y las formas de financiación y organización de esta tenebrosa banda criminal, que tiene sobre sus espaldas 23 asesinatos de miembros de ETA en Francia en la época que precedió al cambio de actitud del Gobierno francés respecto a los terroristas. El tribunal que juzga a partir de hoy el caso -distinto del que se avino a las razones del Gobierno en la investigación de los fondos reservados- deberá tener en cuenta las distintas hipótesis. De ahí que sea fundamental para la credibilidad de la propia justicia y del juicio que hoy se inicia que todas ellas estén en condiciones de igualdad respecto a su posible verificación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de junio de 1991