La alternativa del PP excluye la negociación del Gobierno con sindicatos y empresarios

El pacto de competitividad alternativo del Partido Popular tiene dos aspectos en común con el del Gobierno: su denominación y la insistencia de ambos en defender que es prioritario. Pero mientras el plan del Ejecutivo descansa en la consecución de un pacto social de rentas, a tres bandas y de aplicación nacional, el Partido Popular califica de "intervencionista" la participación del Gobierno en cualquier negociación colectiva. Para el PP lo importante es el acuerdo en el Parlamento, donde deben discutirse una serie de medidas de política económica que mejoren la competitividad en España.

El nuevo responsable de economía del Partido Popular, Luis Gámir, se estrenó ayer en solitario ante los medios de comunicación para criticar el plan de competitividad que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, defender que la paternidad de la iniciativa es de José María Aznar y explicar su propuesta alternativa.

La primera crítica del PP es que el plan llega tarde. "Llevamos dos años perdidos", aseguró Luis Gámir. El retraso, en opinión del PP, obedece a la parálisis del Gobierno a lo largo de 1990, las discrepancias entre los componentes del anterior Ejecutivo que se unían a sus diferencias; con el PSOE, y, finalmente, la preparación de las elecciones municipales.

Tras las elecciones

"Al día siguiente de las elecciones, Solchaga desempolva un pacto que liga los salarios a la evolución de la inflación". Ésta es la segunda crítica de los populares. En opinión del responsable de economía del PP, ni el Gobierno ni -sobre todo- su Ministro de Economía tienen la más mínima credibilidad en sus previsiones y objetivos de inflación; pues desde que Solchaga se hizo cargo de la cartera de Economía, el aumento final de los precios ha ido muy por delante de las estimaciones del ministro.La tercera crítica del PP se dirige al centro de flotación de la propuesta del Gobierno y explica la característica básica de la alternativa de los populares. Según aseguró ayer Luis Gámir, la competitividad de la economía española no mejoraría nada si el crecimiento de los salarios monetarios (no mencionó los beneficios) se acercara -hasta igualar- al existente en los países del Sistema Monetario Europeo.

Gámir recordó que es catedrático de universidad para defénder que el plan del Gobierno "no reduce sino que mantiene la brecha de bienestar entre España y la Comunidad". Tal coste, añadió, "no es positivo para los asalariados y no añade nada a favor de la competitividad de la economía española".

Tras esta afirmación subyace la decisión del PP de excluir cualquier negociación de salarios y beneficios de su pacto de competitividád alternativo. "No queremos que se nos utilice como arma arrojadiza contra empresarios y sindicatos", afirmó Gámir. El PP sugiere que "los análisis salariales surjan de la voluntad de empresarios y trabajadores".

Nada más lejos, pues, del acuerdo de rentas entre Gobierno, sindicatos y patronal que defendió el viernes el ministro de Economía y Hacienda como primera y básica pieza de su pacto social de progreso.

El Partido Popular, según Luis Gámir, considera que "los salarios reales deben crecer en relación con los aumentos de productividad". Tras este juicio de intenciones añadió que "son los agentes sociales los que deben decidir el reparto de las ganancias de productividad entre trabajadores y empresarios", pues, en su opinión, la participación del Gobierno en la negociación es "intervencionista".

El pacto que propone el PP es, pues, "un esfuerzo importante que debe hacer el Parlamento". Ese esfuerzo contiene todos los elementos de política económica que el Partido Popular suele defender. El primero es la reforma fiscal, pues el PP está en contra de las nuevas leyes de renta y patrimonio que acaba de aprobar el Parlamento. Los populares piden además una regularización de los balances de las empresas y un trasvase de carga fiscal desde los impuestos directos a los indirectos. En este capítulo fiscal, el PP coincide con Solchaga al defender la desaparición, cuanto antes, del déficit público.

El segundo gran escollo contra la competitividad de la economía española es, a juicio del Partido Popular, "el impuesto que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social contra la creación de empleo". La solución propuesta es que una mayor parte de esa financiación corra a cargo de los Presupuestos del Estado; una sugerencia que complementa la petición de eliminar el déficit público.

El plan de competitividad del PP comparte con el del Gobierno su preocupación por mejorar las infraestructuras y el funcionamiento del sector público. La principal diferencia, en este último aspecto, es que el PP defiende la privatización de servicios como Correos, alguna parte de la sanidad pública o la gestión del INEM, y esto no aparece en los planes del Gobierno.