La fecha de la huelga

EL CIUDADANO español comienza ya a mentalizarse sobre una de las características de su condición: en vísperas de vacaciones o puentes prolongados florecen las huelgas por doquier. Ahora, el surgimiento de reivindicaciones sindicales coincide con el final de la campaña electoral. No sabemos si es un salto cualitativo en la lucha por la emancipación de la clase obrera o un plus en la larga marcha hacia la incomodidad total.Es imposible no atribuir una intencionalidad distinta de la estrictamente laboral a la convocatoria, en las mismas vísperas de la jornada electoral, de una huelga general como la que ayer paralizó al sector público, simultaneada con manifestaciones en las principales ciudades y que provocó anomalías en la prestación de servicios públicos esenciales en la vida ciudadana. Los dirigentes de UGT y CC OO han insistido en que las convocatorias tenían un origen exclusivamente laboral. Nadie lo cree. Las reivindicaciones específicamente laborales se pueden plantear tres días después de celebradas las elecciones. Hacerlo antes suena -objetivamente- a caceroladas.

Tampoco sería ilegítimo, vista la escasa transparencia de las intenciones sindicales y la claridad de unos hechos que hablan por sí mismos, atribuir a esta simultaneidad huelguística y electoral una interpretación más acusadamente política dándole el significado de un verdadero pulso al Gobierno, en tanto que patrón y en cuanto responsable de la gobernación del país. Como patrón, endosándole una imagen de interlocutor intransigente, y como gobernante, dejando extender la idea de que es incapaz de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y la tranquilidad ciudadana. Es difícil no relacionar esta doble actuación con algún tipo de finalidad de desgaste electoral:

Podrán argüir los sindicatos que todo esto no pasa de ser un proceso de intenciones, pero en sus manos ha estado el evitarlo. Si no lo han hecho es porque no han querido y han preferido correr el riesgo de que su acción sea tildada de política en aras de la consecución de objetivos que han considerado más útiles. Pero que no se engañen los sindicatos. La injerencia en el proceso electoral, la intromisión en el desarrollo de la libre formación de las opciones políticas del ciudadano y la descarada coincidencia de su acción reivindicativa con el periodo de elecciones, que debería ser respetado por todos en cualquier circunstancia, son cosas muy graves. Y podrían pagarlo muy caro en el futuro en prestigio y en cuanto a la legitimación de su papel en la sociedad.

Y ello con independencia del derecho de huelga, que no puede ponerse en cuestión, y de la existencia en la actual situación conflictiva de la empresa pública de elementos objetivos que la explican por sí mismos, como el prolongado bloqueo de los convenios colectivos, la acumulación de dificultades en el proceso negociador y el rígido endeudamiento de los gestores públicos a la política económica del Gobierno cuando son ellos, como ha declarado el ministro de Obras Públicas y Transportes, Jose Borrell, "los que tienen qué lidiar el toro".