Nada maniqueo

UNA VEZ más, la publicación del informe anual del Banco de España ofrece una valiosa y controvertida ocasión para tomar el pulso a la economía española. Pese a las descalificaciones que sufre, desde hace años el rigor analítico de su servicio de estudios constituye la más importante credencial de esa institución y la fuente principal de su influencia en las orientaciones esenciales de la política económica en nuestro país. Precisamente por su influencia, cada vez que se hace público el informe anual genera uña catarata de opiniones a favor y en contra. Pero ese debate no invalida sus conclusiones, sino que las hace más significativas.El interés prioritario en la lucha contra la inflación y la orientación de sus actuaciones de política monetaria han granjeado al Banco de España un respeto homologable al de los bancos centrales más independientes y, no casualmente, los que mejores resultados pueden exhibir. El protagonismo de las actuaciones de política monetaria propias de esa institución, y en todo caso su eficacia en la reducción de la inflación, es, sin embargo, decreciente.

Es probable que la esencia del informe del Banco de España no sea otra que el reconocimiento de la pérdida de virtualidad de la política monetaria y, en general, de las políticas destinadas exclusivamente a contener el crecimiento de la demanda interna. El proceso de integración en Europa exige afrontar ese horizonte en las mejores condiciones de estabilidad posibles, aquellas que garanticen el mantenimiento de un crecimiento sostenido.

La reducción de la inflación hasta aproximarla a la de los principales países comunitarios (actualmente, la inflación española es tres puntos superior a la de los países centrales de la CE) sigue siendo una exigencia indiscutible. Sólo sobre esa base será posible la supervivencia de las empresas españolas y, en definitiva, la necesaria creación de empleo por las mismas. Conseguir una mayor reducción en los precios es, sin embargo, difícil si no se instrumentan terapias alternativas a las monetarias. A ello hay que añadir el que la pertenencia de la peseta al Sistema Monetario Europeo (SME) limita la capacidad de maniobra de esa política y, más concretamente, su autonomía respecto a las practicadas en el resto de los países del SME.

La beligerencia de la política monetaria exhibida hasta ahora debe ser relevada por una serie de actuaciones encaminadas a incidir sobre la oferta y también a tratar de eliminar las ineficiencias de los sectores más protegidos de nuestra economía. La exigencia de mayor competitividad para la economía española en el mercado único europeo no es un enunciado genérico e indiscriminado. Como se pone de manifiesto en el informe de referencia, han sido las empresas exportadoras y las industriales orientadas al mercado interior las que se han visto obligadas a contener el ritmo de crecimiento de sus precios, aproximándolos a los vigentes en los mercados internacionales, en el primer caso, y al de los productos importados, en el segundo. Por el contrario, los sectores más protegidos de la competencia exterior han podido mantener precios más elevados, amparados con frecuencia en regulaciones administrativas específicas.

Es en ese contexto en el que hay que contemplar las actuaciones destinadas a mejorar la productividad del factor trabajo. Ello exige, en efecto, un crecimiento de los salarlos nominales compatible con las tasas de inflación convergentes con las europeas, pero también el crecimiento de la inversión orientada a propiciar esas ganancias de productividad y, no menos importante, la mejora de la propia gestión empresarial. Así pues, el informe no es nada maniqueo en sus conclusiones. Estas actuaciones son consecuencia de la necesidad de mantener la economía española en la dirección que el núcleo central de Europa ha definido.