La Generalitat valenciana volará 10 bloques con 552 viviendas en Alicante

El consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat valenciana, el socialista Eugenlo Burriel, firmó el pasado día 10 una resolución por la que se ordena la demolición de 10 construcciones, con un total de 552 viviendas, en la costa de los términos alicantinos de Orihuela y Pilar de la Horadada. Las casas infringen la ley porque están construidas a menos de 100 metros de la costa. Los edificios fueron hechos sin licencia y forman parte de las urbanizaciones Torrehoradada y Mil Palmeras II, promovidas por la empresa Milpasa.La orden de demolición es consecuencia del expediente abierto por la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, que en su día ordenó la paralización de las obras porque se realizaban en terrenos calificados como suelo rústico no urbanizable. El Ayuntamiento de Orihuela aprobó en mayo de 1988 una delimitación de suelo urbano en esa localidad y en la pedanía de Pilar de la Horadada que fue considerada ilegal por la Administración autonómica.

El Ayuntamiento de Orihuela había aceptado un donativo de 100 millones de pesetas realizada por Justo Quesada, promotor de las urbanizaciones afectadas ahora por las órdenes de demolición, para ampliar el suelo urbano. Quesada es uno de los principales promotores urbanísticos de la costa de Alicante.

En las dos urbanizaciones cuestionadas ya hay otros 12 bloques, con más de 800 viviendas, que, pese a estar construidos también dentro de la zona de 100 metros de servidumbre de protección de costas, son "legalizables", ya que están terminados y habitados, de acuerdo con una disposición transitoria de la Ley de Costas. Esa posibilidad de legalización no exime, sin embargo, al promotor del pago de las multas que correspondan.

Costes de urbanización

Pero hay otros 10 bloques, que suman 552 viviendas, igualmente situados en la zona de 100 metros, cuya construcción fue paralizada y que por tanto no están habitados. Estos tienen que ser derribados. La resolución de la Generalitat, sin embargo, deja en suspenso la orden de derribo hasta que quede "legalizada", a través de los planes parciales correspondientes, toda la situación. El promotor de ambas urbanizaciones, deberá asumir los costes de urbanización. El derribo se podría producir después del verano, según Burriel.