El Gobierno estudia una penalización fiscal para los propietarios de pisos sin habitar

El Gobierno baraja la posibilidad de penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas que estén sin habitar como una medida complementaria al plan aprobado la semana por el Ejecutivo. Los primeros pasos del desarrollo de este programa, según fuentes próximas al Gobierno, no se darán hasta que finalicen las elecciones autonómicas y locales. Uno de estos pasos será el de condicionar el uso de las cuentas ahorro vivienda por parte de los bancos a que éstos apoyen el plan 460.000.

, Las estimaciones oficiales apuntan a que el 10% del parque total de viviendas (cerca de un millón y medio de unidades) está sin habitar, y por tanto desaprovechado. Por ello, los responsables de llevar a la práctica el plan de acceso a la vivienda del Gobierno (los Ministerios de Economía y Obras Públicas) han decidido reactivar la oferta en este campo.Si bien todavía no hay una decisión firme, la vía que se empleará para lograr este objetivo será, casi con total seguridad la de penalizar fiscalmente a los propietarios de estos pisos, de tal manera que se vean forzados a sacarlos al mercado. No obstante, esta medida no será efectiva de manera inmediata, y se incorporará al paquete de medidas que el Gobierno tiene previsto elaborar.

No obstante, los primeros análisis del plan muestra que las personas cuyos ingresos sean 2 veces el salarlo mínimo interprofesional (SMI) tendrán que emplear el 20% de su salario para poder comprar una vivienda subvencionada. Las famillas con ingresos topes de 2,5 veces el SMI deberán gastar el 28%; las de 3,5 veces el SMI, el 21%; y las de 5 veces el SMI, el 18%.

La intención inicial del Ejee utivo es acometer en junio los siguientes proyectos: reformar el decreto Boyer (con un aumento a tres años de la duración mínima del alquiler, cuyas rentas se irán actualizando en base, con toda probabilidad, al IPC general de cada año), terminar el proyecto de ley de garantía de la edificación y concluir las órdenes que regulen los fondos de inversión inmobilaría para alquileres y las nuevas ahorro-vivienda. La reforma del decreto Boyer se acometerá tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo, según informaron a Efefuentes de la Administración.

En una segunda fase se abordarán las negociaciones con las comunidades autónomas para facilitar suelo y repartir las ayudas oficiales. Además, se iniciarán los pertinentes contactos con los bancos y las cajas de ahorros para estudiar la fórmula en la que estas entidades participarán en la financiación del plan de vivienda.

El sector financiero

Los primeros cálculos oficiales estiman que los préstamos-convenio firmados entre las entidades financieras y la Administración deben abarcar unos 400.000 millones anuales entre 1992 y 1995, cerca de 150.000 más de los previstos para 1991.

El Ejecutivo pretende asegurarse la participación de las cajas de ahorros en este programa a través de la presión directa que el PSOE ejerza en los consejos de administración de estas entidades. De momento, las cajas de ahorros de Extremadura y Badajoz ya han iniciado estas actuaciones, creando una línea de financiación de viviendas baratas de 9.000 millones de pesetas, según informa Efe.

Para resolver la participación de los bancos, el Ministerio de Economía y Hacienda está ultimando un proyecto en el que desarrolla el nuevo tratamiento de las cuentas ahorro vivienda. La intención del Ejecutivo es conservar los beneficios fiscales de este producto, aunque sólo podrán ofrecerlo las entidades financieras que apoyen el plan general del Gobierno, es decir, los que se com prometan a firmar convenios de ayuda con el Estado y las comunidades autónomas.

Las cuentas ahorro-vivienda tienenuna duración máxima de cuatro años y ofrece una deducción del 15% de las aportaciones totales. En la actualidad, este producto mueve unos 130.000 millones de pesetas, de los cuales un tercio corresponde al Banco Hipotecario.