España presenta su plan de fondo solidario para la CE

La CE debe crear un fondo de compensación interestatal para corregir el retraso de los países menos desarrollados, según la propuesta presentada en Bruselas por el Gobierno español para la reforma de los Tratados de la Comunidad dentro del objetivo de la unión política. El proyecto va dirigido a obtener para nuestro país una ayuda solidaria del resto.

Las ayudas serían consecuencia de una integración europea con perspectiva federal. El nuevo documento es la traducción jurídica de los textos presentados a principios de marzo, en los que el Gobierno español abogaba por la suficiencia de medios de la CE y por el reforzamiento de la cohesión económica y social. La demanda se presenta en el seno de la conferencia intergubernamental sobre unión política, y no en el de la unión económica y monetaria del que forma parte Carlos Solchaga, precisamente para evitar que pueda interpretarse que nuestro país sea candidato voluntario a incorporarse con retraso al objetivo de la moneda única.Los siete artículos de que consta el proyecto español, establecen unos criterios objetivos para beneficiarse de la solidaridad financiera. Sólo podrán recibir esos fondos comunitarios extra los países que tengan una renta por habitante inferior al 90% de la renta de la CE, lo cual limita el número a cuatro (España, Grecia, Portugal e Irlanda). Como criterio de selección añadido se incluye la obligación de respetar los criterios de disciplina presupuestaria que imponga la unión monetaria. Ello hace, según fuentes comunitarias, que sea "un modelo a la medida de España".

Discriminatorio

El Gobierno ha argumentado que nuestro país recibe a través de los fondos actuales una ayuda inferior al peso agrícola o a la dimensión de las regiones españolas más atrasadas. Para España se trata de corregir el trato discriminatorio recibido desde el ingreso, mientras que ciertos países ricos han calificado la propuesta de una nueva versión del "cheque británico" que en su día reclamó y obtuvo la ex primera ministra Margaret Thatcher.

El fondo interestatal de compensación debería canalizar "inversiones productivas" para corregir el retraso de desarrollo en ciertas regiones. Las ayudas deberán decidirse en función de "la superficie, la población y la prosperidad relativa". España descalifica los ingresos por IVA como baremo para medir el grado de desarrollo, dado que al tratarse de un país con un alto índice de consumo ello le situaría en peor situación comparativa. Propone como indicador básico el producto interior bruto.

Según fuentes del Gobierno, el objetivo es canalizar inversión y no mantener un esquema de subvenciones. Las ayudas públicas serán sólo una excepción "para los sectores en crisis o con problemas".