El escándalo de las facturas falsas pone en la picota a los socialistas franceses

El renacimiento del escándalo de la financiación del Partido Socialista francés mediante el procedimiento de las facturas falsas coloca en la picota al Gobierno de Michel Rocard. Esta noche, la Asamblea Nacional vetará una moción de censura presentada por los partidos del centre, y la derecha. La oposición califica de "insulto a la justicia" la fulminante destitución del juez que había reabierto el caso.

Hace apenas tres semanas, el ministro del Interior expulsó de la policía a Antoimil. Gaudino, el inspector que había revelado en un libro los inconfesables secretos de la financiación de la campaña electoral de 1988 de François Mitterrand. Ahora, el ministro de Justicia reconoce haber dado luz verde a la declaración de incompetencia de Thierry Jean-Pierre, el juez que había osado husmear en los archivos de una de las sociedades fantasma con las que los socialista llenaban sus arcas.La oposición francesa está dispuesta a que las falsas facturas dañen la imagen de los socialistas, del mismo modo que los diamantes del dictador africano Bokassa ensuciaron la presidencia de Valery Giscard d'Estaing.

Pero la derecha francesa no está libre de pecado en este asunto de financiación de sus actividades a través de supuestos gabinetes de estudios destinados a recolectar fondos entre grandes empresas a cambio de la expedición de facturas falsas. En 1988 y 1990 la derecha aceptó sin remordimientos la propuesta socialista de amnistía para este tipo de delitos.

El pasado domingo, el juez de instrucción Thierry Jean-Pierre, penetró por prodecimientos de dudosa legalidad en la sede parisiense de Urba Technic y, antes de que en el transcurso de la misma jornada fuera desposeído del caso y expulsado del local, pudo investigar la participación de esa sociedad en las campañas electorales socialistas.

Contribuciones

Urba Technic y Urba Gracco son los gabinetes de estudios a través de las cuales los hombres de Mitterrand recogían fondos entre empresas privadas francesas. Entre otras contribuciones, aportaron 25 millones de francos a la reelección en 1988 de Mitterrand.La retirada del caso al juez provocó el martes una violenta tempestad en la Asamblea Nacional. Los diputados de la oposición y los socialistas estuvieron a punto de llegar a los manos, y el ministro adjunto de Justicia, Georges Kiejman, tuvo que abandonar el hemiciclo escoltado por los ujieres. La sesión terminó con la presentación de la moción de censura al Gobierno socialista que será debatida esta noche.

Los comunistas anunciaron ayer que no votarán esa moción, lo que significa que no tiene ninguna posibilidad de ser adoptada. Pero en cualquier caso el renacimiento del culebrón de las facturas falsas ha dañado un poco más la imagen de unos socialistas que se presentaban ante la opinión pública como los portaestandartes de la moralidad.

Ya las amnistías que propusieron e hicieron aprobar en 1988 y 1990 rodearon al partido de Mitterrand de un cierto olor a corrupción.

El caso socialista se agrava por el hecho de que el actual titular de la cartera de Justicia, Henri Nallet, fuera el tesorero de las campañas socialistas.

Por otro lado, los dos principales partidos franceses de la oposición conservadora al Gobierno socialista -Reagrupación para la República (RPR) y Unión para la Democracia Francesa (UDF)- llegaron ayer a un "acuerdo de unión" para presentar candidatos comunes en todas las elecciones futuras, informa Efe.