IU y el PA responsabilizan a Alfonso Guerra de malversación de caudales por el uso del despacho

Los abogados de Izquierda Unida y del Partido Andalucista en el caso Juan Guerra han redactado escritos que entregarán hoy al juez Ángel Márquez en los que responsabilizan a Alfonso Guerra, a los ex delegados Leocadio Marín y Tomás Azorín, y al delegado actual, Alfonso Garrido, de un delito de malversación de caudales públicos por el uso privado de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno. IU también responsabiliza a los cuatro citados y a Rafael Delgado, ex secretario general de la vicepresidencia del Gobierno, de un delito de prevaricación.

El juez Márquez resolverá hoy si es competente o no para continuar con el caso, al estar presuntamente implicadas personas sometidas a fuero especial.Los dos escritos de las acusaciones hacen un estudio y relación de los hechos y actividades que han sido objeto de investigación judicial en relación con el uso por parte de Juan Guerra de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía, y en el que hacen continuas referencias a las diligencias praticadas y afirman que un elevado porcentaje de esas actividades eran "de carácter privado".

Tras delimitar los indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo 396 del Código Penal y en relación con el 394 del mismo texto, los dos letrados de la acusación particular coinciden en responsabilizar a los tres delegados del Gobierno desde 1983 a 1989 -Leocadio Marín, Tomás Azorín y Alfonso Garrido- "por permitir el uso del despacho", así como al ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, "como la persona que tom5 la decisión de crear el despacho y permitir su funcionamiento".

Prevaricación

Además, el escrito de IU amplia los delitos derivados de la creación y uso del despacho de Juan Guerra y responsabiliza a Alfonso Guerra, Leocadio Marín, Tomás Azorín y Alfonso Garrido de un delito de prevaricación, que imputa también a Rafael Delgado, ex secretario general de la vicepresidencia del Gobierno. Delgado se responsabilizó ante el juez de la creación del despacho, según consta en las diligencias.En relación a la responsabilidad de Juan Guerra, Manuel Fernández del Pozo, letrado de la acusación de IU, le imputa un delito de usurpación de funciones por ocupar el despacho oficial sin ser funcionario.

Tanto el letrado del PA, Emilio Lechuga como el de IU estiman que las diligencias practicadas deberían remitirse al Tribunal Supremo, al ser Alfonso Guerra diputado en el Congreso.

N o obstante, en el escrito de IU se pide al juez que realice la prueba de ratificación de la auditoría encargada para evaluar el coste del despacho, ya que Fernández del Pozo la estima "necesaria" para cuantificar la cantidad objeto del delito.

Ninguno de los dos escritos, que serán presentados hoy al juez Ángel Márquez, valora las penas aplicables, si bien el artículo 396 del Código Penal al que hacen referencia dice: "El funcionario que aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, será castigado con la pena de inhabilitación especial -de seis a 12 años-, si resultare dafic o entorpecimiento del servicio público, y con la suspensión -de un mes a seis años- si no resultare".

El mismo artículo 396 añade que "no verificándose el reintegro dentro de los 10 días siguientes al de la incoacción del sumario, se le impondran las penas señaladas en el artículo 394", al que también hacen referencia los escritos de los! letrados acusadores. Las penas de privación de libertad oscilan entre un mes (si la cantidad no excede de 30.000 pesetas) y 20 años (más de 2,5 millones de pesetas).

Por su parte, el Juez decano de Sevilla, Alfonso Martínez Escribano, dijo ayer que se reservaba uno de los motb, os esgrimídos por el jefe superior de policía de Sevilla, José Luis Morales Blázquez, al pedir autorización para abrir un expediente informativo, previo al disciplinario, contra José Antonio Vidal, jefe de la unidad de Policía Judicial que investiga el caso Juan Guerra.

Tras dar a conocer el comunicado de la Junta de Jueces de Instrucción mostrando su preocupación" por las interferencias que está sufriendo este grupo de policía judicial (Ver EL PAÍS de ayer), Martínez Escribano dijo: "Este motivo no se puede hacer público ahora porque de él pueden derivarse o emprenderse procedimientos o acciones penales".

El juez decano afirmó que los intentos de expedientar a José Antonio Vidal son "irrazonables y carecen de fundamentos en opinión de los jueces de Instrucción". Como portavoz de los jueces sevillanos dijo que "objetivamente estas actuaciones influyen, o pueden influir, o pretenden influir en el ánimo y forma de actuar de ese funcionario". Martínez Escribano destacó que el grupo de policía judicial "es un instrumento indispensable que garantiza la rectitud la independencia del poder judiciaV, y que su dependenc¡a funcional es exclusiva de los jueces".

Apoyo sin reservas

Por su parte, la Asociación Jueces para la Democracia de Sevilla, hizo público ayer su apoyo "sin reservas" al comunicado de los jueces de Instrucción y, tras elogiar la forma y brillantez con la que el grupo policía afectado trabaja desde 1984 en Sevilla, criticó "los incumplimientos" del decreto de creación de Policía Judicial.