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El juez conoció hace casi dos años el plan de Interior para “matar políticamente” a Pedro Sánchez

Un informe policial de Asuntos Internos detalló al instructor las conversaciones de Villarejo con el secretario de Estado de Seguridad. La investigación ha estado secreta hasta hace dos semanas y se desconoce si se tomaron medidas por estos hechos.

El juez Manuel García-Castellón a su llegada a la Audiencia Nacional.Foto: MARISCAL (EFE)
José Manuel Romero

El ministerio del Interior urdió planes en agosto de 2014 para “matar políticamente” a Pedro Sánchez a cuenta de los negocios de su suegro. Lo hizo tan sólo un mes después de que el líder socialista fuera elegido secretario general de su partido, según acreditan las conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo con el número dos de Interior, Francisco Martínez. El sumario de una investigación judicial iniciada hace casi dos años revela ahora que el juez Manuel García Castellón conoció un informe policial de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, remitido en junio de 2022 donde se informaba sobre esos planes contra el recién elegido líder socialista, entonces convertido en principal adversario del Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

García Castellón abrió en septiembre de 2022 una pieza separada para investigar distintas grabaciones efectuadas por el comisario que acreditaban supuestamente la existencia de delitos en la actuación de dirigentes del PP y altos cargos del ministerio del Interior. El instructor conocía para entonces que entre esas grabaciones había una, datada el 22 de agosto de 2014, en la que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario José Manuel Villarejo, planeaban utilizar recursos del Estado para acciones de desprestigio contra Sánchez a cuenta de los negocios del padre de su mujer, Begoña Gómez.

El juez ha mantenido secreta la investigación hasta el pasado 18 de abril sin que se conociera ninguna iniciativa judicial contra quienes planearon la campaña de desprestigio contra el actual presidente del Gobierno. De hecho, el PSOE, personado en la causa pero sin acceso al sumario, solicitó la semana pasada que se imputase a Martínez y a Villarejo para interrogarles en relación a la conversación donde tramaban acciones contra Sánchez.

El informe de la Unidad de Asuntos Internos dirigido al juzgado de García Castellón tiene un registro de entrada fechado el 14 de junio de 2022 y analiza grabaciones entregadas a la policía por el empresario Javier Pérez Dolset, víctima supuestamente de un espionaje de Villarejo pagado por el Grupo Planeta.

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La policía detalla en ese informe una serie de conversaciones entre el comisario y el número dos de Interior donde definen, entre otros asuntos, estrategias para desprestigiar a los independentistas catalanes o impedir, mediante el robo de documentos a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, la investigación judicial de la caja b del PP.

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Asuntos Internos destaca hacia el final del informe policial otro momento de la conversación donde los dos interlocutores hablan de Pedro Sánchez. El documento incorporado al sumario lo cuenta así:

“Villarejo le comenta a Francisco [Martínez] sobre el tema de Pedro Sánchez. Francisco le dice que si eso no lo sabe nadie y Villarejo le responde que no, que eso hay que manejarlo con muchísima cautela. Villarejo le dice que el suegro de Pedro tiene saunas, que son tres hermanos, su suegro es el que gestiona el negocio y que figuran a nombre del hermano mayor. Se trata de saunas de hombres y mujeres donde van políticos y también el Gordo [el comisario Enrique García Castaño] y [Enrique] Barón cuando era Jefe Superior. Francisco le comenta a Villarejo que Pedro Sánchez seguro que lo sabe y que ese tema lo puede hundir, Villarejo le comenta que hay que esperar a las elecciones y que hay que saber cómo funciona todo”.

Aunque Asuntos Internos le dice al juez que junto al informe adjuntará un documento con la transcripción literal de la conversación, elude en su resumen mencionar los comentarios del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, cuando conoce por Villarejo los negocios del suegro de Sánchez. La conversación transcurrió así:

El comisario: “Esto es mortal, mortal. Cuando haga falta...es un tema para que solamente lo trates con el presidente y el número 1, para en un momento determinado decirle...tenemos tal información...”.

Martínez:: “Esto lo revienta [a Pedro Sánchez]. Esto mataría políticamente a cualquiera. Pero un tío de izquierdas que va con la bandera del rollo este feminista, muy feminista y lo tiene lleno de polacas chupando pollas en una sauna. Hay que saber todo”.

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“Villarejo le dice que cuando establezca contacto con el suegro se puede hacer un trabajo muy fino”

El informe policial dedica otro párrafo a los planes contra el actual presidente del Gobierno: “Villarejo vuelve a insistir a Francisco Martínez que el tema de Pedro Sánchez es importantísimo, le dice que el que se lo haya dicho probablemente le esté vendiendo algo a Ignacio González y a la Esperanza (Aguirre)... Continua Villarejo diciendo que cuando él establezca contacto con el suegro de Pedro Sánchez se puede hacer un trabajo muy fino”.

El modo de operar de la denominada policía política del PP ―comisarios a las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz y de su número dos, Francisco Martínez, que perpetraron operaciones, a espaldas del juez, contra adversarios del Gobierno de Mariano Rajoy― era siempre el mismo: espionaje a determinados políticos, fabricación de información ―en ocasiones falsa― para desprestigiarlos y filtración a determinados medios de comunicación o denuncia ante los tribunales de justicia a través de distintos mecanismos.

En el caso de los supuestos planes urdidos contra Pedro Sánchez, determinados medios de comunicación informaron, meses antes de las elecciones generales de 2015, sobre los negocios del suegro del líder socialista. Las partes personadas en la investigación ignoran si el juez Manuel García Castellón, que declaró secreta la causa, ha tomado medidas en relación con estos hechos. Ha sido el PSOE quien, casi dos años después, pide la imputación de Martínez y Villarejo por unas conversaciones que, según entiende, pueden constituir delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación de fondos públicos.


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