Un juez abre una investigación por la Operación Cataluña tras una querella de Sandro Rosell

Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación sobre la llamada Operación Cataluña —las maniobras de grupos policiales dirigidos por el Ministerio del Interior para desacreditar al independentismo— a raíz de una querella presentada por el expresidente del Barça Sandro Rosell. El titular del Juzgado de Instrucción Número 13 ha admitido a trámite la denuncia presentada por Rosell contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y contra diversos policías por los delitos de organización criminal, falsedad documental, acusación y denuncia falsa, malversación y detención ilegal.

La causa judicial, que ha avanzado este martes La Vanguardia, está en una fase incipiente. La Fiscalía se había pronunciado a favor de la competencia del juzgado para investigar los hechos. El magistrado Hermenegildo Alfredo Barrera ha pedido a la Policía que le informe acerca de la dirección actual de los policías objeto de la querella para citarlos, en su caso, como investigados.

Rosell fue acusado y absuelto por la Audiencia Nacional por el presunto blanqueo de comisiones por la retransmisión de partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol. El expresidente azulgrana llegó a pasar 21 meses en prisión preventiva por blanqueo y organización criminal y llegó a afrontar una petición de seis años de cárcel en el juicio. Tras ganar esa batalla, Rosell decidió pasar al ataque mediante una serie de acciones judiciales.

La querella del expresidente culé, representado por el abogado Pau Molins, señala que al comisario jubilado Villarejo, pero también a otros cargos de responsabilidad durante la Operación Cataluña: el inspector jefe de la UDEF Alberto Esteve, el exinspector Antonio Giménez Raso —ambos miembros del Cuerpo Nacional de Policía— y el agregado del FBI en la embajada de Estados Unidos en Madrid, Marc L. Varri. A todos ellos les señala por su participación en la confección de informes supuestamente falsos que sirvieron, entre otras cosas, para acordar la prisión provisional del empresario.

La querella apunta, aunque no dispara, hacia la senadora del Partido Popular Alicia Sánchez-Camacho. “El papel que se le atribuye en el relato de los hechos podría otorgarle sobradamente la condición de querellada”. Entre otras gestiones, Sánchez-Camacho se reunió con la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, en el que fue el origen de la investigación sobre los negocios de la familia del expresidente catalán.

Los policías que serán objeto de la investigación “tenían en el momento de los hechos la condición de autoridades y funcionarios públicos del Estado español y actuaron en el ejercicio de sus respectivos cargos”, señala el texto elaborado por los abogados de Rosell, al que ha accedido EL PAÍS.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, consideró una “buena noticia” la apertura de las diligencias de investigación para llegar “hasta el fondo” de los hechos, aunque ha asegurado que la confianza del Ejecutivo es “poca o limitada”. Plaja ha recordado que los hechos se remontan a “hace más de diez años” y ha lamentado que, hasta ahora, “nadie haya considerado a bien investigarlos”.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal