La contratación precaria provoca competencia desleal, según la CE

La contratación atípica y precaria provoca la competencia desleal y el dumping social, según Jean Degimbe, director general de Empleo de la Comisión de las Comunidades Europeas. El responsable comunitario estima que estos contratos, en relación a los de carácter estable tienen unas cargas sociales menores de entre un 20% y un 30%.

Esta situación, a su juicio, no se podrá soportara largo plazo y será necesario tomar medidas. Ése es uno de los debates pendientes en la armonización de las políticas sociales, tal como se puso de manifiesto ayer en el seminario organizado por la CE e Granada. Los expertos comunitarios no se ponen de acuerdo sobre el alcance de esa política de convergencia en los distintos Estados miembros de la Comunidad.Jean Degimbe y el subsecretario del Ministerio del Trabajo español, Segismundo Crespo, coinciden en que se deben respeta la diversidad de los distintos sistemas de Seguridad Social. Crespo es partidario de que la convergencia sea respetuosa con la políticas nacionales de prestaciones contributivas, pero siempre que se logren unos efectos idénticos para evitar el dumping socia y las situaciones de marginación proporcionando una cobertura suficiente a las personas que no pueden integrarse en el mercado de trabajo.

El director general de Empleo de la Comunidad cree que la protección social no debe ser considerada una carga para la economía y apuesta por la diversidad en los sistemas de Seguridad Social porque "son fruto de lucha sociales de cada uno de los Estados miembros". La armonización, en su opinión, se debe aplicar para evitar el impacto de mercado único y para paliar las excesivas diferencias que existe en la asistencia sanitaria y en las prestaciones familiares.

Por ello, desde Bruselas se observa con preocupación la precariedad en el empleo que afecta fundamentalmente a casi diez millones de parados de larga duración y a los trabajadores con dificultades de reinserción en mercado laboral. Ocho Estados ya han previsto medidas para es franja de población y a los asalariados con empleos de duración determinada a los que se les debe reconocer el derecho a una indemnización cuando se queda sin empleo y a recibir en su día una pensión.

Otro problema subrayado por Degimbe y Crespo es el envejecimiento de la población europea, que en la próxima década provocará que haya una persona con más de 60 años por cada cuatro trabajadores activos.