Torres pone el 'caso Ollero' en manos de la Inspección
El fiscal general del Estado, LeopoIdo Torres Boursault, ha puesto en manos de la Inspección del Ministerio Fiscal el expediente sobre una presunta corrupción de policías en Algeciras en cuya investigación pudo darse una "grave inacción" del fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Jaime Ollero, según la queja cursada a la Fiscalía por el Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles.El fiscal jefe de Cádiz se entrevistó ayer en Madrid con Leopoldo Torres, quien ya anunció a principios de semana que pediría explicaciones urgentes a Jaime Ollero por el "anómalo retraso" en la investigación de una denuncia contra policías de Algeciras que presuntamente se quedaban con droga y dinero de los detenidos. La denuncia, presentada en octubre de 1988, fue remitida en diciembre de ese año al fiscal Jefe de Cádiz, pero Ollero abrió las diligencias averiguatorias en junio de 1990, veinte meses después.
En la entrevista de Torres con Ollero estuvieron presente el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde Pumido, y el fiscal que se encarga del expeiente sobre el que el Defensor del Pueblo se quejó a la Fiscalía. Tras un intercambio de impresiones, el fiscal del Estado acordó que la Inspección abra un expediente para esclarecer el retraso, "tras lo cual se tomarán las decisiones oportunas". "Se va a investigar porque existe una reclamación del Defensor del Pueblo, y para resolver no con ligereza, sino con conocimiento de causa. Todo esto no afecta a la honorabilidad del señor Ollero", matizó Torres.
El fiscal del Estado también acordó que, con carácter previo a la actuación de la Inspección, el fiscal jefe de Cádiz le remita una información complementaría sobre los temas que han sido objeto de reclamación por parte del Defensor del Pueblo.
Torres Boursault dio cuenta también de la próxirna creación de una Delegación de la Fiscalía Especial Antidroga para el Campo de Gibraltar, que tendrá su sede posiblemente en Algeciras, y entrará en funcionamiento en las próximas semanas. Hasta ahora, el encargado de la persecución de los delitos de narcotráfico era precisamente el fiscal jefe de Cádiz.
El fiscal del Estado dijo que la querella preseritada por Jaime Ollero contra Juan Guerra "no ha sido objeto de la reunión". Ollero fue el fiscal flirmante de la querella por cohecho y prevaricacíón contra Juan Guerra y el alcalde y concejales de Barbate que aprobaron el proyecto turístico del Puerto de la Plata.
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