El Congreso aprueba la nueva ley de renta que rebaja el tipo máximo al 50% a partir de 1993

La reforma fiscal superó ayer el debate en pleno del Congreso con el apoyo en bloque del PSOE, Centro Democrático y Social, CiU y, con escasísimas matizaciones, Izquierda Unida. Incluso algunas de las enmiendas impulsadas por Convergència contaron con el respaldo del Partido Popular. El pleno del Congreso ayer ofreció, por tanto, escasas novedades sobre lo ya previsto a cambio de un amplio respaldo fraguado en los meses de discusiones para el pacto fiscal. Ayer se consolidó además el recorte del tipo máximo de la tarifa y también el de la subida de las deducciones para las rentas del trabajo.

La estructura de la tarifa, la deducción general para las rentas del trabajo y el sistema de actualización de las retenciones fueron las tres principales novedades que introdujo ayer el pleno del Congreso durante la discusión de la nueva ley del IRPF. El tipo impositivo máximo de la tarifa será del 53% en 1992 y del 50% de 1993 en adelante. Ahora este tipo marginal es del 56%. El tipo mínimo, mientras, pasará del 25% actual hasta el 20% el próximo año para quedar en el 18% a partir de 1993.Esta nueva tarifa equivale a reducir la presión fiscal general de IRPF, según la interpretación de Miquel Roca, para quien éste es uno de los motivos por el que CiU ha apoyado la reforma.

El segundo motivo para el Grupo Catalán y el principal para Izquierda Unida es la mejora del trato fiscal de las rentas del trabajo y, dentro de éstas, de las más bajas. En esta línea, el pleno aprobó la subida de la deducción por gastos necesarios en las rentas del trabajo, que ahora está en el 2%. Esta deducción será del 5% en 1992 y del 6% a partir de 1993. Como caso especial, tal deducción será del 15% con un máximo de 600.000 pesetas por año cuando los trabajadores sean minusválidos o invidentes.

El tercer bloque de mejoras aprobado ayer es algo más ambiguo. El PSOE ha aceptado la propuesta de IU de actualizar cada año las retenciones y la tarifa por la inflación pero sin especificar en la ley el sistema por el que se efectuará la misma. El nuevo IRPF, que fue votado por capítulos, contó con el respaldo de más del 70% de los votos de la Cámara, según datos aportados por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga. Éste calificó de "satisfactorio" el "resultado del pacto fiscal". En su opinión, "es fruto del esfuerzo de todos los grupos que, junto con el PSOE, han consensuado las leyes de renta y patrimonio elaboradas por el Gobierno".

La regularización

Uno de los aspectos más conflictivos de la reforma, la regularización fiscal, queda para el trámite en el Senado. Solchaga defendió la conveniencia de que se lleve a cabo, aunque matizó después que "si el Gobierno encuentra una oposición muy fuerte se replanteará la regularización fiscal". Según el ministro, "no hay ningún cálculo de cuánto dinero negro puede aflorar con la regularización", pues esto dependerá más de "la convicción de los ciudadanos que han defraudado hasta ahora que de las condiciones que ofrezca la regularización". Con todo, estas últimas serán, en su opinión, "justas y razonables".La regularización fiscal es precisamente uno de los principales motivos que arguyó CiU para respaldar la reforma. En otro extremo del arco parlamentario, IU pidió que la misma esté acompañada de fuertes sanciones administrativas y penales para los que, en adelante, oculten dinero a Hacienda.

El pacto fiscal no contó con el respaldo del Partido Nacionalista Vasco por "distintos factores de naturaleza política". según afirmó Emilio Olabarría, diputado de este grupo. Escis factores, añadió, "no son Otros que los recursos presentados por Hacienda contra la actualización de balances y contra las normas tributarias de la Diputación de Vizcaya". Solchaga lamentó que este grupo haya abandonado el pacto, pero reiteró que las diputaciones forales no tienen competencias para dictar una norma como la actualización de balances que, de salir adelante., "crearía fuertes diferencias de trato fiscal entre las empresas radicada en el País Vasco y las domiciliadas, por ejemplo, en Andalucía".

El Partido Popular mantuvo su oposición a las dos leyes, aunque aceptó alguna enmienda planteada por CiU. El diputado de este grupo José Manuel García Margallo defendió una vez el splitting para las rentas del trabajo pues, en su opinión, el sistema que propugna la nueva ley discrimina en contra de las rentas del trabajo en comparación con el trato de las rentas de capital.

García Margallo, no obstante, apoyó la subida hasta 15 millones de pesetas del mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio. El anteproyecto de ley lo elevó a 15 millones de pesetas aunque tras la suspensión de la revisión catastral volvió a bajar hasta 10 millones. Ahora queda en 15 con el compromiso de subirlo aún más cuando se efectúe la revisión del catastro.

Por otra parte, el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, afirmó ayer en Sevilla que la nueva ley del IRPF aprobada ayer por el Congreso ha sido elaborada con criterios "unicamente recaudatorios, porque", explicó, "el Gobierno tiene que hacer frente a unos presupuestos con un gasto muy elevado", informa Juan Méndez. Jiménez Aguilar añadió que la ley llmatiene la rnisma estructura impositiva que la anterior, con ligeros retoques", y "no acomete una verdadera reforma fiscal que fomente la inversión y el ahorro".

"Probablemente", aventuró Jiménez Aguilar, "en poco tiempo nos encontremos con una nueva reforma fiscal porque ya han visto que las reformas en este país duran un año o año y medio", añadió. El secretario general de la patronal comparó la reforma fiscal española con la acometida en Suecia: "Un gobierno socialdemócrata como aquél ha tornado una serie de medidas de forma que empresarios, trabajadores y todo el país tienen interés en ahorrar, mientras que en España el único interés es gastar y lo entiendo".