Distrito compartido

LA ORGANIZACIÓN de las universidades españolas en un distrito único (o compartido), que hace accesible el conjunto de la oferta universitaria a todos los estudiantes con independencia de su procedencia, era una posibilidad contemplada ya en la Ley de Reforma Universitaria. El Ministerio de Educación y el Consejo de Universidades han iniciado la discusión para su puesta en marcha gradual a partir del curso que viene.Una medida de esta naturaleza no se justifica únicamente basado en el posible, aunque improbable, alivio de la presión para obtener plaza en determinados centros universitarios. La movilidad estudiantil es un principio estimulado en casi todos los países por motivos sociales y pedagógicos, y la propia Comunidad Europea ha diseñado el Programa Erasmus con ese objetivo específico. Se equivocan, pues, quienes tratan de descalificar la idea como un parche contra la sobresaturación de ciertos centros.

De otra parte, que un estudiante no pueda ni siquiera solicitar plaza en un centro que le parece académicamente atractivo porque no tiene la suerte de residir en su entorno, mientras que ese derecho se le reconozca a otro que sí tiene esa suerte, aunque sea peor estudiante, no parece una situación especialmente justa.

De hecho, esa posibilidad de elección es la única manera que existe de establecer una cierta competencia entre universidades; justamente, la calidad de una universidad se mide en muchos países por su capacidad para atraer estudiantes.

Las autoridades catalanas han reaccionado vigorosamente contra la idea de reservar un pequeño porcentaje de. plazas universitarias para estudiantes procedentes de otras zonas de España. Esa actitud, aunque sólo fuera porque se compadece mal con las pretensiones de modernidad social con tanta frecuencia evocadas, debe ser firmemente rechazada. Otro argumento que se aduce es el de una supuesta voluntad de descatalanizar la Universidad. Nadie pone en cuestión que la lengua propia de una comunidad sea también de sus universidades, pero pensar que la llegada de una pequeña fracción de estudiantes foráneos pueda modificar este hecho choca con la experiencia acumulada, y precisamente en las universidades catalanas, de rápida integración de los recién llegados a una enseñanza que discurre básicamente en catalán.

Conviene además recordar que ya en la actualidad se reserva un 5% de las plazas disponibles en las universidades españolas para estudiantes extranjeros, sin que se tengan noticias de distorsiones especiales. Las primeras perjudicadas por esta autarquía ante un falso temor lingüístico serían las propias universidades catalanas, que permanecerían ensimismadas frente a una Europa que debe apostar por la permeabilidad cultural. Es lógico que las universidades atiendan prioritariamente a su entorno social, pero la política de puertas abiertas apuntada por el ministerio no pone en peligro esta dedicación.

Pero, al margen de las dificultades de orden político, o de las meramente técnicas, existen otras. El distrito compartido requiere una homogeneización de las pruebas de selectividad y de los criterios de corrección, a fin de que todos los solicitantes a una plaza universitaria concurran en igualdad de condiciones. No se nos ocultan las formidables dificultades de implantar pruebas únicas en todo el territorio español que puedan ser además calificadas con criterios objetivos. En ese sentido, parece pertinente que se inicien los estudios y ensayos experimentales, tal y como se ha anunciado; no sería lógico avanzar hacia el distrito compartido sin avanzar también hacia la unificación de las pruebas de acceso.

No obstante, de poco servirá el enorme esfuerzo organizativo que tal proyecto supone si no se dota a las universidades de los medios necesarios para que puedan, por un lado, organizar una oferta docente atractiva en términos de profesores, laboratorios, bibliotecas y otros equipamientos, y, por otro, acoger a los alumnos que acudan a ellas con un mínimo de dignidad en términos de residencias y servicios.