El Defensor del Pueblo vigilará que las respuestas al censo se utilicen solo para fines estadísticos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recogerá, desde hay, a través del llamado Censo de Población y Vivienda 1991, los datos personales de más de 39 millones de españoles y las particularidades de los 16,5 millones de viviendas en que habitan. Algunas preguntas del cuestionario y la falta de una ley de protección de datos informaticos ha suscitado recelos en algunos juristas. Por su parte, el defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, prometió ayer que velará para que los datos no sean utilizados para fines ajenos a los estadísticos.

Preguntado por este periódico, Gil-Robles señaló que el censo es necesario para conocer la realidad social de un país moderno, pero advirtió que los datos "que afectan a cada uno de los ciudadanos" deben utilizarse "única y exclusivamente para los fines que prevé la ley". Ante el riesgo de que no se haga así, "el Defensor del Pueblo se ocupará en su momento de realizar la investigación necesaria para comprobar que se ha cumplido lo dispuesto en la ley de la Función Estadística Pública sobre la destrucción de tales datos".El artículo 18 de la mencionada ley establece que los datos que sirvan para la identificación inmediata de los informantes se destruirán cuando su conservación ya no sea necesaria para el desarrollo de las operaciones estadísticas", así como que "en todo caso, ( ... ) se guardarán bajo claves, precintos o depósitos especiales". Sin embargo, la inexistencia de una ley de Protección de Datos Informáticos -en desarrollo del precepto constitucional que garantiza el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos- aumenta el riesgo de abusos, según el catedrático de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), Diego López Garrido.

A partir de hoy comienza el reparto en los hogares españoles de unos cuestionarlos de 24 páginas, que serán posteriormente recogidos por agentes censales debidamente acreditados. En los impresos se pregunta sobre el nombre, número y relaciones de parentesco entre los miradores de una vivienda. Asi mismo se pide la fecha de nacimiento de cada uno de los componentes, el año de llegada a España -si son extranjeros-, el estado civil ("indique su situación legal y no la de hecho"), la residencia habitual el 1 de marzo de 1990, la que se tenía el 1 de abril de 1986, o los transeúntes que estén en la casa el día que se rellena el impreso. Además se exige una detallada clasificación de sus niveles de estudios, teniéndose c, ue indicar, por ejemplo, si se tienen doctorados o titulaciones de posgraduado.

Negativa del ciudadano

López Garrido estima que el ciudadano debería tener oportunidad de negarse a facilitar los datos a través de los cuales queda en poder del Estado su radiografía personal, mientras siga sin cumplirse el mandato constitucional que exige una ley limitadora del uso de la informática, que no obligue al ciudadano a fiarse del comportamiento de la Administración, sino que, le permita tener acceso a los archivos informáticos en los que figuran sus datos personales.En la casilla 22 se piden datos sobre la situación laborial. Una nota al margen indica que "se considerarán ocupadas las personas que han trabajado al menos una hora en la semana de referencia [22 al 28 de febrero]". Las siguientes casillas, 23, 24 y 25, exigen una descripción detallada de la labor que se desarrolla, pidiéndose que se describa con detalle la actividad principal del establecimiento en donde se trabaja o se ha trabajado.

A lo largo del año, en nuestros hogares recibimos decenas de cartas publicitarias personalizadas en las que no se ha cometido el más mínimo error en nuestros datos. Incluso una importante peluquería madrileña felicita a sus clientes el día de su cumpleaños, enviando un cheque.de descuento por tan importante fecha.

La procedencia de esta información, tan personal, es muy dificil de demostrar, pero un importante cargo del Ayuntamiento madrileño asegura que "los datos tienen que proceder del INE y de ese trasiego de cintas hasta las empresas privadas que los graban". Afirma que "esto se puede demostrar, porque los datos informáticos del Ayuntamiento [principalmente el padrón] están marcados, y jamás se ha encontrado una de estas señales en los listados clandestinos". Según esta fuente, "los listados proceden del INE, que es donde se almacenan".

Empresas privadas

Se ha calculado que una familia de cuatro miembros necesitará no menos de media hora para rellenar todo el cuestionario. Aunque el INE recogerá los datos, la información será grabada por empresas privadas que lograrán el contrato mediante concurso público. El paso de unas a otras manos hace dudar sobre la inviolabilidad del "secreto estadístico" que menciona José Quevedo, presidente del INE, en la primera hoja del cuestionario, en la que también se prevé el trasiego de datos, ya que se habla de la "necesidad de información del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos".Según Carmelo Díaz, jefe del departamento de Estadística de la Comunidad de Madrid, "entre un 30% y un 50% de las preguntas quedarán sin rellenar por los ciudadanos por diversas razones". La Comunidad de Madrid es una de las pocas que han aceptado encargarse directamente de la gestión de los datos que el INE necesita, aunque en este caso, y ante la carencia de recursos mfórmáticos propios y suficientes, también sacará a concurso la grabación de las informaciones.