El precio del pacto fiscal

Dos son los objetivos reconocidos por la reforma fiscal en marcha: aliviar la presión sobre los que ya pagan y taponar el agujero de tan magnánimo gesto con la afloración de bases imponibles de los que, hasta ahora, pueden evitar el paso por taquilla. El alivio va a costar -tras el tira y afloja para cimentar un consenso que amenaza con quedar se en una amplia mayoría parlamentaria-, al menos, 420.300 millones de pesetas. El Gobierrio pretende enjugar esta pérdida de recaudación con la regularización fiscal, pero evitar a toda costa que nadie la califique de amnistía. Antes que eso sería preferible, para un muy conocido alto cargo del ministerio, romper la baraja.La reforma fiscal, en lo que afecta al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), costará un mínimo de 420.300 millones de pesetas, según la estimación efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Esta cantidad supone el 10% de la recaudación por IRPF prevista para 1991, pero puede ser superior, ya que algunas de las enmiendas introducidas en el trámite parlamentario son de difícil cuantificación. Como contrapartida, el ministerio espera que la regularización fiscal, la puesta en marcha de la Agencia Tributaria y el endurecimiento de las declaraciones complementarias puedan traducirse en un aumento de las bases imponibles y sufragar así el coste de la reforma.Al finalizar esta semana el trámite parlamentario en el Congreso -pendiente de que, durante la primera semana de marzo, se debata en el pleno el proyecto de ley de renta y patrimonio para pasar después al Senado-, Hacienda ha estimado el coste de la reforma en un mínimo de 420.300 millones de pesetas. Esta cantidad puede alcanzar el medio billón si se incluyen las modificaciones, que son prácticamente imposibles de calcular. Se pasaría así a casi duplicar el coste inicialmente previsto por el Gobierno (283.000 millones de pesetas) en el proyecto de ley enviado a las cámaras.Éste es el peaje que el presupuesto del Estado acabará pagando por la política de consenso que, desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Socialista, ha guiado la reforma. Un peaje del que se beneficiarán especialmente las rentas inferiores a los tres millones de pesetas (el 85,3% de los declarantes y el 44% de la recaudación), los trabajadores, las familias y los pensionistas. A ello hay que afladir la rebaja general de la tarifa, que aligera la carga fiscal para todos los contribuyentes.

Peseta a peseta, en una negociación que ha tenido mucho de encaje de bolillos, los grupos han tirado de la saca de Hacienda. El ministerio, según palabras de José Borrell, ha querido dar una oportunidad para que se de muestre la teoría de que con impuestos más bajos el contribu yente cumple mejor.Pacto sin fotoSin embargo, la generosidad de Hacienda corre el riesgo de no tener la recompensa de un pacto fiscal con la foto correspondiente. La estrategia inicial pretendía un amplio consenso desde Izquierda Unida hasta los grupos nacionalistas conservadores, como el PNV y Ciu. En la negociación-río, sin embargo, han surgido discrepancias políticas cuya razón hay que buscarla fuera de la Carrera de San Jerónimo. El PP quedó prácticamente descartado desde el principio, pues no retiró la enmienda a la totalidad del primer debate en pleno como los demás grupos.

A los empujones de CiU por el alcance de la regularización fiscal hay que añadir las discrepancias con el PNV por la actualización de balances, y el descuelgue, a última hora, de Izquierda Unida por las deducciones para las rentas del trabajo. Solamente el CDS se ha mantenido desde el principio al paso del Grupo Socialista. Al final, el pacto puede quedar reducido a una holgada mayoría parlamentaria.

Hasta la fecha, sin embargo, nadie ha tirado oficialmente la toalla. Izquierda Unida decidirá el próximo martes si apoya el 6% como porcentaje para la deducción por rentas del trabajo o si mantiene el 10%. En este último caso, la coalición abandonará el consenso y el Grupo Socialista volverá al 5% de deducción por rentas del trabajo como aprobó la ponencia del Congreso.Convergència i Unió se guarda para el postre de la regularización fiscal su postura sobre si se mantendrá, como hasta ahora, sentado a la mesa del consenso. La divergencia no es tanto sobre el tipo de interés que se aplicará al activo que sustituya a los pagarés del Tesoro como sobre si existirán garantías de que la inspección fiscal no actuará contra los que se regularicen voluntariamente. Esto, que dificilmente se puede plasmar en una ley, es el escollo que ahora se intenta salvar.

El PNV, por su parte, espera a la reunión del próximo miércoles con Haciendia para definir su postura definitiva. En el Parlamento, sin embargo, su representante ha acordado con el Grupo Socialista la mayor parte de las modificaciones introducidas en la ley, a pesar de la tirantez en las relaciones entre la Hacienda central y la vasca.