Testigos cualificados

LA DECLARACIÓN, como testigos, del presidente del Gobierno, de los dos últimos ministros del Interior y de los responsables policiales en el juicio sobre el caso Amedo constituye un acto de colaboración con la justicia, coherente con las exigencias del Estado de derecho. No tiene, pues, nada de extraño que la Audiencia Nacional haya accedido a la solicitud formulada en este sentido por los abogados de la acción popular. Su denegación hubiera sido difícilmente defendible desde los estrictos intereses de la justicia.La investigación de los fondos reservados, de acuerdo con el dato indiciariamente contrastado por el juez Baltasar Garzón de que "los GAL se financiaron como consecuencia del desvío doloso de fondos públicos", sigue siendo el núcleo del proceso abierto en julio de 1988 al subcomisario José Amedo y al inspector Michel Domínguez. Y con mayor motivo si, como es el caso, nada se ha podido indagar sobre este asunto en la fase instructora del proceso a causa de la cerrada oposición del Gobierno amparada en la llamada razón de Estado. Próxima ya la celebración del juicio oral, esta cuestión, en absoluto resuelta, vuelve a aparecer con fuerza en el centro del proceso. La Audiencia Nacional no podía, a riesgo de convertirse ella misma en obstáculo a la justicia, hurtar la oportunidad de un nuevo intento de clarificar el terna.

Con su testimonio ante el tribunal que ha de juzgar el caso Amedo, el presidente del Gobierno y los máximos responsables de Interior tienen en sus manos despejar de una vez por todas las sospechas existentes. La justicia y la opinión pública tienen derecho a saber si la actuación de Amedo y de Domínguez -su presunta organización de los GAL y participación en seis asesinatos frustrados, entre otros hechos- entraba dentro del funcionamiento normal del servicio policial o si fue una desviación de sus funciones, y, en todo caso, si fue ordenada expresamente, consentida o simplemente conocida por sus superiores.