El debate sobre la nación se celebrará cuando pase la "fase aguda" de la guerra

El Gobierno considera que el debate sobre el estado de la nación, celebrado tradicionalmente en el mes de febrero, no debe tener lugar mientras que el conflicto bélico del Golfo Pérsico permanezca en la 'Tase aguda" que está atravesando actualmente, según manifesto ayer la ministra portavoz, Rosa Conde, durante la tradicional conferencia de prensa que ofrece al término de la reunión del Consejo de Ministros.Rosa Conde, quien dejó claro. que el debate sobre el estado de la nación "es algo que el Gobierno decide hacer sin que haya ninguna obligación", afirmó que si la sesión de debate se celebrara en estos momentos "el grueso de la misma se dedicaría a la dIscusión sobre el conflicto del Golfo Pérsico".

La ministra portavoz estima que "ya hay suficiente debate sobre esta cuestión, y además se puede volver a debatir en el Congreso de los Diputados siempre que se necesite", por lo que el Ejecutivo considera "más operativo políticamente" realizar el debate en el momento en que, al menos, "hubiera vencido la parte más aguda del conflicto para que la discusión se centre sobre lo que va a ser la tarea del Gobierno en lo que resta de legislatura", afirmó la ministra Rosa Conde.

Asunción, 'número dos'

La sesión dé ayer del Consejo de Ministros dio el visto bueno al nombramiento de Antoni Asunción, actual director general de Instituciones Penitenciarias como secretario general de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. La vacante de Asunción al frente de la dirección general será cubierta por Ángeles Granados Poveda, actual subdirectora general de Sanidad Penitenciaria. También en el apartado de Justicia, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Juan José Martínez Zato como fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de Asuntos Exteriores, el Consejo remitió a las Cortes el Tratado de Cooperación y Amistad entre España y Chile en las áreas política, económica, financiera, tecnológica, cultural, jurídica y consular.

El mencionado tratado incluye un acuerdo económico que tiene como objetivo la movilización de 2.000 millones de dólares entre los dos países en el periodo 1990-1994, de los que España facilitará créditos por valor de hasta 800 millones de pesetas destinados a financiar exportaciones de bienes y servicios españoles a Chile.