Razón de Estado, razón de Gobierno

LOS ESPAÑOLES nos hemos enterado de una decisión de nuestro propio Gobierno -tal vez la más importante desde que comenzó el conflicto del Golfo- gracias al Parlamento británico y a un periódico norteamericano, informado a su vez por fuentes del Pentágono. A través de ellos sabemos que aviones B-52 estadounidenses despegan desde hace varios días de la base de Morón de la Frontera para bombardear objetivos y tropas iraquíes. Hasta Turquía, un país con una democracia tan reciente y menos desarrollada que la española, ha respetado las formas: el presidente Turgut Ozal informó inmediatamente a su opinión pública de la decisión de autorizar el uso de la base de Incirlik por el mismo tipo de aviones.El ocultamiento de este hecho no es un elemento aislado: forma- parte de una deliberada política informativa que atenta contra los usos democráticos. El mismo Gobierno que hace continuos y legítimos esfuerzos para explicar a la opinión pública que España, que ya no está aislada como con el franquismo, forma parte central de la comunidad internacional y debe respetar sus compromisos tanto con las Naciones Unidas como con sus aliados atlánticos, esincapaz de cumplir un compromiso igual de básico: el que mantiene con sus propios ciudadanos.

La reiterada desinformación de que hace gala La Moncloa, convencida de que debe tratar a los españoles como si fueran seres irresponsables a los que no se puede decir la verdad, pone en peligro otros objetivos. ¿Cómo comprender que los españoles son ciudadanos de una comunidad internacional, con una serie de obligaciones-muchas de ellas dolorosas y con hipotéticos costes humanos- de las que no es posible escabullirse, cuando no se les reconocen los derechos que supone pertenecer a esa misma comunidad? Si la guerra se prolonga, como parece deducirse de todos los análisis, se irán extremando las contradicciones ideológicas y la división se profiandizara.

Incompetencia y mezquindad

La incompetencia de este Gobierno a la hora de desarrollar una política informativa -tan importante en una democracia como cualquier otra- sólo puede explicarse por una mezquina confusión entre los intereses del Estado y los propios intereses electorales. En una democracia, la información es un derecho básico, tan importante como el derecho al voto. Por supuesto que ese derecho está mediatizado por la obligación de garantizar la seguridad nacional. Pero en absoluto debe estar sometido a los intereses de un partido o de un Gobierno.

Fuentes oficiales de EE UU han explicado que la decisión de mantener en secreto el uso de la base de Morón como punto de partida de los superbombarderos B-52 fue tomada a petición española y no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Y si no tiene que ver con la seguridad, ¿por qué se oculta? Nuevamente son fuentes norteamericanas las que resuelven el problema: porque se consideraba "un tema políticamente delicado para el Gobierno ante su propia opinión pública" y ante los países árabes del norte de África. Es decir, se mantiene en secreto una decisión fundamental para comprender la participación española en la guerra del Golfo porque el Gobierno estima que tiene un coste electoral y un coste político en su relación con los países del Magreb, en donde permanece enquistado, sin elaboración alguna desde los tiempos de la transición, el problema de Ceuta y Melilla. Pero precisamente de eso se trata en una democracia: de asumir públicamente decisiones que pueden repercutir en las urnas.

Los Gobiernos, cualquier Gobierno, han de tener entre sus virtudes el valor de informar al Parlamento sobre el nivel de implicación en una guerra; los políticos también están para desgastarse, dejándose plumas y votos por las decisiones que, considerando correctas, son impopulares. El caso francés es paradigmático: ha dimitido un ministro -nada menos que el de Defensa- y su política ha generado una fractura en el partido que lo sostiene: el socialista.

Este nuevo episodio de falta de comprensión del papel de la información en el juego político democrático es especialmente grave, porque desvirtúa además el sentido de la discusión habida hasta ahora en España sobre nuestro nivel de compromiso con el esfuerzo aliado en el Golfo.

Se ha producido un engaño por omisión y ello puede suponer una ruptura en la relación de confianza que un Ejecutivo debe mantener con sus ciudadanos y con el Parlamento, que prácticamente ha protestado en bloque. El Gobierno ha optado por esconder hechos que pueden dañar su popularidad. Lejos de propiciar un legítimo cambio democrático en la graduación de sus actos, los oculta y asegura no haberlos alterado.

Coraje político

Una encuesta realizada por EL PAÍS hace unos días, antes de conocerse el episodio de los B-52, reflejaba, entre otros, dos datos políticos de primera magnitud: que el 52% de los españoles cree que el papel del Gobierno durante la crisis del golfo Pérsico está siendo el adecuado, pero que el 70% entiende que el Ejecutivo ha informado mal a los ciudadanos. El espectáculo de los B-52 actuando en secreto podría variar ambos porcentajes si no se justifica pública y adecuadamente esta nueva acción.

El Ejecutivo debe tener el coraje político de explicar las consecuencias de sus actos; asumir su participación en la guerra sin recurrir de nuevo a los trucos dialécticos; explicar si acaso el uso de sus bases logísticas -cada vez más importantes- es el precio de no enviar más soldados a la zona del conflicto. Éste es el núcleo de la cuestión que debe debatirse, porque el apoyo logístico puede prestarse en diversos grados: no son lo mismo las labores de intendencia que las de coadyuvar directamente en bombardeos que pueden afectar a poblaciones civiles.

Sólo respondiendo y convenciendo sobre estas cuestiones el Gobierno puede reconocer sin catastrofismos -pero con todo el realismoque sus acciones colocan a nuestro país entre los enemigos de primera línea de Sadam Husein, y que sus intereses y los nuestros están encontrados; y manifestar que a estas alturas de la partida es ontológicamente imposible ser neutral y simétrico en las críticas a Husein y a los aliados (a los que pertenecemos geográfica, política e ideológicamente); es decir, revelar explícitamente que se ha involucrado en una guerra. Y luego, demandar rotundamente el apoyo y la cohesión a las fuerzas políticas, a la opinión pública y a los ciudadanos.

Sólo así podremos tener conciencia de que, del mismo modo que España -por primera vez en muchos años de su historia- está en el lado de las democracias, trata a sus ciudadanos como lo que son, demócratas ejercientes.