Un programa de gobierno

Con frecuencia los periodistas acusan a los políticos de dedicarse más a descalificar al adversario que a debatir programas e ideas. Con frecuencia los políticos acusan a los periodistas de buscar titulares aun a costa de retorcer la realidad para hacerla encajar en una idea preconcebida. Lo que sigue son dos ejemplos de políticos que han pedido una aclaración por informaciones que consideran sesgadas o erróneas.Xabier Gurrutxaga Aizpeolea, vicesecretario general y portavoz de Euskadiko Ezkerra (EE), ha escrito una larga carta, más de seis folios, para quejarse de una información publicada el pasado 17 de enero bajo el título El programa de gobierno del PNV y EE prevé medidas radicales para promover el euskera. En su opinión, la información contiene "una serie de juicios de valor que no se corresponden con la realidad", saca "de contexto citas textuales", y considera que "no ha sido contrastada".

Los juicios de valor a los que se refiere Gurrutxaga son comentarlos al programa de gobierno que aparecen en la información. Éstos son algunos ejemplos de los comentarios criticados: "Reforma radical del actual modelo educativo; todo el profesorado que hoy imparte en castellano tendría que sufrir un reciclaje para adaptarse al nuevo modelo; ambos partidos pretenden convertir el euskera en lengua de trabajo de la Administración, para lo que habilitarán los correspondientes perfiles profesionales".

En su carta, el portavoz de Euskadiko Ezkerra cita los artículos de las leyes aprobadas por el Parlamento vasco -Ley sobre Normalización del Uso del Euskera y Ley de la Función Pública Vasca, ambas aprobadas también con los votos del PSE-PSOE- en cuyo marco legal se inscribe el futuro desarrollo del programa pactado por PNV-EE. No habría, por tanto, tales medidas radicales en el programa de gobierno, sino que sería coherente con el desarrollo de la legislación actual.

También acusa a la información de suprimir tres líneas de un párrafo, lo que sacaría de contexto una cita textual. El artículo criticado reproduce una frase según la cual se rechaza "toda política lingüística del laissez-faire" por considerar que ella oculta una "actitud de tolerancia represiva hacia el euskera". Sin embargo, dicha frase va precedida de otra en la que se rechaza igualmente toda "tentación impositiva... que se sitúe por encima de la asunción voluntaria de la ciudadanía".

Finalmente, el portavoz de EE indica que siendo importante el tema de la normalización lingüística, el programa acordado entre PNV y EE dedica a la materia 11 páginas sobre 140.

Luis Rodríguez Aizpeolea, jefe de la sección de España, tras contrastar con los redactores que elaboraron la información, ha respondido lo siguiente:

"Para un lector no familiarizado con los problemas del bilingüismo en el País Vasco, la simple reproducción de los acuerdos sobre esta materia incluidos por el PNV y EE en su programa de gobierno hubiera resultado poco esclarecedora. De ahí que se subrayen, con las limitaciones propias de una información periodística, aquellos aspectos del texto que resulten más polémicos o más llamativos. Y polémico es, a juicio de los redactores de la información, que se proponga la sustitución del actual sistema educativo, que contempla tres modelos de enseñanza -uno de ellos en castellano- por un único sistema bilingüe. O que se proponga hacer exigible a todos los ensefiantes un conocimiento del euskera que los capacite como mínimo para "comunicarse con normalidad en dicha lengua con los distintos miembros de la comunidad educativa".

"Todo ello justifica la expresión 'reforma radical del actual sistema educativo' incluida en la información, más teniendo en cuenta la política seguida en este campo por el anterior Gobierno vasco. Que tales puntos sean o no coherentes con otras leyes anteriores del Parlamento vasco citadas por el corresponsal del Ombudsman es algo en lo que no entra la información de EL PAÍS. Sobre la frase que se critica como citada fuera de contexto y en la medida que ambas afirmaciones se matizan mutuamente, tal vez fue un error no reproducir ambas".

"Finalmente, indicar que EL PAÍS disponía de esas 11 páginas con anterioridad y, la tarde anterior a la fecha de la publicación, tuvo acceso al texto íntegro. Se comprobó la autenticidad del citado capítulo, luego sí se contras,tó la infonnación. Las personas que participaron en la elaboración de la noticia entendieron que la mencionada parte era la más noticiosa, por lo que centraron su trabajo en ello".

El Ombudsman considera que, dada la atención informativa prestada por EL PAÍS a las negociaciones para la fórmación del nuevo Gobierno de Euskadi -más de 20 infórmaciones en el mes de enero-, el programa sobre el que han girado las negociaciones hubiera debido tener una más amplia explicación. Aunque de la cantidad no sale necesariamente la claridad, el conocimiento más detallado de un debate tan complejo facilita que el lector se forme su propia opinión. EL PAÍS no ha ahorrado la suya, y en el pasado mes abordó la materia en dos editoriales.

500 millones

Si en todo resumen hay algo de caricatura, con lo bueno y malo que ello implica, hay titulares que son, simplemente, un puro error.

"Los consejeros pueden invertir 500 millones sin ningún control previo", decía un titular publicado el 28 de enero y que descansaba en la siguiente entradilla: "Cada uno de los 11 consejeros de la Xurita de Galicia podrá invertir este año hasta 500 millones de pesetas sin previa aprobación del Consello de Gobierno y sin tener que Justifícar el destino hasta el final del ejercicio económico. Esto convierte a Galicia en la única comunidad autónoma que permite a sus consejeros gastar una mayor parte de su presupuesto de forma discrecional".

Un portavoz de la Xunta de Galicia aclaró que la información era incorrecta y recordó que todas las contrataciones administrativas de obras o gestión de servicios y suministros están reguladas, en la Administración central como en la autonómica, por la Ley de Contratos del Estado.

En la Comunidad Autónoma de Galicia un consejero puede aprobar gastos hasta 500 millones de pesetas. Un ministro del Gobierno central puede autorizarlos hasta 2.000 millones. En cuantías superiores, el gasto debe ser aprobado por el Consello de Gobierno o el Consejo de Ministros. Esas cantidades que aprueba un consejero o un ministro no se gastan discrecionalmente o sin control previo, ya que la ley exige el cumplimiento de un complejo sistema de proyectos, pliegos de cláusulas, informes de Asesoría Jurídica y de Intervención, contratación reglada por subasta o concurso, o por contratación directa (para obras inferiores a 50 millones de pesetas).

La persona que redactó la información confundió esas cantidades con los gastos de libre disposición, de mucha menor cuantía, que tienen consejeros y ministros.

El teléfono directo del Ombudsman es el 754 45 53 de Madrid.