El fiscal reclama una fianza de 250 millones para Juan Guerra por un presunto delito fiscal

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores, solicitó ayer al juez Ángel Márquez que decrete una fianza para Juan Guerra de 250 millones de pesetas por un presunto delito fiscal, así como la libertad provisional sin fianza con obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado de su domicilio. Flores reclamó también una fianza de 200 millones para Francisco Javier López Martín, y otras dos -una a título individual y otra como administrador único de la empresa Corral de la Parra, SA- para Juan José Arenas Casas de 300 y 275 millones, respectivamente. Para estos dos socios de Juan Guerra, el fiscal solicita igualmente que se decrete la libertad provisional.

El escrito del ministerio fiscal ha tenido en cuenta los informes realizados por los inspectores de finanzas del Estado Juan Ignacio Llorente Abarca y Francisco Rodríguez Márquez, quienes ayer los ratificaron ante el juez Márquez, instructor del caso Juan Guerra.

Los abogados de la acusación, Emilio Lechuga, en representación del Partido Andalucista, y Manuel Fernandez del Pozo, por IU, señalaron que los inspectores habían introducido "sensibles modificaciones al alza de las bases imponibles" imputadas a Juan Guerra, Arenas Casas y Corral de la Parra. Emilio Lechuga señaló que hoy presentará un escrito ante el juez adhiriéndose a la petición del fiscal. Esta posibilidad será estudiada también por Fernández del Pozo.

Fuentes judiciales señalaron a EL PAÍS que la petición del fiscal no vincula al juez Márquez en su decisión y que ésta no se producira de forma inmediata. Estas fuentes, descartaron, en principio, que se vaya a decretar la prisión para Juan Guerra o sus socios si, una vez comunicada la fianza, ésta no fuese satisfecha íntegramente.

El acto de ratificación de los inspectores comenzó a las 11.40 y se prolongó hasta las cuatro de la tarde, ininterrumpidamente.

Alfredo Flores solicitó también al juez que exija de Hacienda la inspección realizada a la sociedad Fracosur, participada por Juan Guerra, de la que puede derivarse un incremento de las cantidades defraudadas por éste a la Hacienda Pública. Según afirmó Alfredo Flores, la petición de fianza solicitada al juez se realiza "sin perjuicio de que pueda ser modificada" una vez se conozcan los resultados de la inspección a Fracosur.

Las cantidades solicitadas como fianza por el fiscal se han calculado tomando como tipo penal el triplo de la cantidad defraudada por los tres implicados y por Corral de la Parra. El Código Penal establece que la multa por delito fiscal irá desde el doble al sextuplo de la cantidad defraudada.

Cantidades defraudadas

Según la inspección fiscal presentada, sin incluir las modificaciones realizadas ayer, Juan Guerra defraudó 22.176.930 pesetas en 1988 y 26.688.106 en 1989. Por su parte, Francisco Javier López Martín dejó de ingresar a la Hacienda Pública 37.510.950 en 1988 y 5.497.907 en 1989. El fiscal pidió que la fianza "se elevase a 200 millones", dado que el juez Ángel Márquez ya había decretado una fianza de 100 millones cuando supo que Juan Guerra nunca había presentado la declaración de la renta. Las fianzas solicitadas para Juan José Arenas Casas comprenden dos facetas: la individual, en la que Hacienda considera que dejó de ingresar 5.067.498 de pesetas en 1987 y 40.907.320 pesetas en 1988, y otra, como único administrador de Corral de la Parra SA, empresa que según los informes fiscales defraudó 16.417.005 y 33.423.766 pesetas en los ejercicios de 1988 y, 1989, respectivamente.

Antes de que los inspectores de Hacienda ratificasen sus informes, el juez Ángel Márquez tuvo que resolver varias cuestiones planteadas por los defensores.

El juez rechazó en primer lugar un recurso del letrado defensor de Francisco López Martín, Ramón Echeveste, en el que se impugnaban los informes fiscales por considerar que la designación de los peritos se había realizado no conforme a Derecho y que, además, los peritos de Hacienda se debían considerar parte al ser esta institución la defraudada.

Asimismo, rechazó la presencia en el despacho judicial donde se produjo el acto de una asesora fiscal que acompañaba a Luis Salcedo, abogado defensor de Juan José Arenas Casas.

A la presencia de esta asesora se opusieron los dos letrados de la acusación y el propio fiscal Alfredo Flores. A la ratificación de los informes fiscales no asistió el letrado defensor de Juan Guerra, Antonio Mates, quien presentó por la mañana un escrito en el juzgado significando su postura contraria a la validez de los mismos.

[Un portavoz del PSOE en Madrid declinó ayer hacer cualquier declaración sobre las peticiones realizadas por el fiscal Flores. "Nunca hemos hecho ningún comentario sobre el caso Juan Guerra", añadió este portavoz. El vicesecretario general socialista, Alfonso Guerra, pasó la tarde de ayer trabajando en su despacho de la sede federal socialista en la madrileña calle de Ferraz].