El 'caso Juan Guerra', elemento clave de la caída

El 30 de diciembre de 1989 estallaba el que habría de llamarse caso Juan Guerra en un pleno municipal de una pequeña localidad gaditana, Barbate, y que provocaría un mes después un agitado pleno parlamentario.Felipe González, acabado aquel pleno, unía su voluntad de permanecer en el Gobierno a la de su vicepresidente. En aquella ocasión, tras el acalorado debate que sostuvieron Alfonso Guerra y la oposición acerca de la permanencia de su hermano Juan en un despacho oficial durante seis años, González dijo: "Estoy absolutamente seguro de la honorabilidad y honradez del vicepresidente. Si en algún momento siente la tentación, porque se cuestiona su honorabilidad, de presentar la dimisión o el Parlamento, mayoritariamente por esa razón de cuestionamiento de su honradez que he visto en grandes titulares, le forzara a dimitir, habrían ganado dos batallas".

El caso se inició al conocerse la intermediación del hermano del vicepresidente en el desbloqueo de un proyecto turístico de gran envergadura, Puerto de la Plata, que suponía una inversión inicial de 8.000 millones. El escándalo, rápidamente avivado desde la oposición, entró primero en el Parlamento, donde Guerra no llegó a despejar los interrogantes planteados sobre las actividades mercantiles de su hermano, en su mayoría hechas desde el despacho oficial que durante seis años ocupó en la Delegación del Gobierno en Andalucía como asistente del vicepresidente. Tres meses después, la cuestión se hizo judicial. Dos fiscales, el de Sevilla y el de Cádiz, se interesaron por las actividades mercantiles de Juan Guerra.

La actuación judicial acaba de cumplir su noveno mes y se encuentra actualmente en fase de "conclusión de las investigaciones", según fuentes próximas al caso. Éstas prevén que en apenas un mes se dé curso a las partes acusadoras para que soliciten o no la apertura de juicio oral.

Desde que la justicia tomara cartas en el caso Guerra han sido más de 70 las personas que, en calidad de testigos o implicados, han prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Ángel Márquez Romero, entre ellas tres de los hermanos del vicepresidente: Juan, Adolfo y Antonio Guerra. Además, en la Investigación realizada por la policía judicial encargada del caso, han declarado unos 200 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y unos 500 personas, la mayoría visitantes de Juan Guerra en el despacho oficial que ocupaba en Sevilla. El citado despacho es considerado por IU y PA, acusadores particulares de Juan Guerra, como clave, por ser el centro operativo del entramado de empresas y actividades mercantiles en las que, desde 1983 hasta 1989, participó el hermano del vicepresidente. Ello motivó que Juan Guerra fuera acusado de delitos de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, prevaricación y cohecho, ademas de usurpación de funciones.

Las diligencias practicadas por el juez Ángel Márquez comerizaron con la investigación de la empresa matriz de Juan Guerra, la inmobiliaria Corral de la Parra S.A. Tras ella, la investigación parece casi concluida en tomo a la empresa Construcción Modular Andaluza S.A. (Comasa), en la que participaban inicialmente al 33%, Juan José Garrido, Francisco José López Martín y su esposa, que actuaban como testaferros de Juan Guerra. Por la actividad de Comasa fue involucrado otro de los hermanos de Alfonso Guerra, Adolfo. Cuando Adolfo fue director de Mercasevilla, ésta cedió a Comasa unos terrenos de su propiedad para que construyera un hotel de lujo, y recibió además subvenciones oficiales para ello.