El juez considera que los alcaldes del PER han defraudado a la Seguridad Social

La aplicación del Plan de Empleo Rural (PER) en diversos ayuntamientos andaluces ha supuesto un presunto fraude a la Seguridad Social, según se desprende de un oficio remitido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada al jefe de la Inspección Provincial de Trabajo en relación con el Ayuntamiento de Padul. Esta localidad es una de las ocho poblaciones granadinas en las que se está investigando un supuesto fraude en el PER por la firma de peonadas falsas.

La decisión judicial ha venido a coincidir con unas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien aseguró ayer que "detrás de los conflictos del campo puede estar una intención disimulada de cargarse un sistema que ha sido una conquista de los jornaleros".

Desde que en 1984 se creó el PER, los jornaleros fueron empleados por los municipios para la construcción de edificios públicos, adecentamiento de fachadas y limpieza de parques y jardines. Según el titular del juzgado de Instrucción número seis de Granada, Miguel Ángel del Arco, estas labores no relacionadas con las tareas del campo debieron ser cotizadas al régimen general de la Seguridad Social y no al régimen especial agrario, cuyas cuotas son sensiblemente menores.